Tras estar en el centro de la polémica por montar raves en plena calle, ahora los acampados por la vivienda de Palma se dedican a lanzar teorías de la conspiración de lo más rocambolescas. A través de un grupo de WhatsApp, los manifestantes sugirieron que el Govern balear decretó la alerta roja por fuertes lluvias para intentar desalojarles de la Plaza de España.

En un mensaje al que ha tenido acceso OKBALEARES, los organizadores sostienen que el Ejecutivo de Marga Prohens (PP) instrumentalizó las previsiones de la Aemet para poner fin a la protesta. Todo ello a pesar de que la DANA Adam provocó numerosas incidencias en Mallorca, Ibiza y Formentera, como inundaciones y caída de árboles, y obligó a suspender las clases, así como a autorizar el teletrabajo para los funcionarios del archipiélago.

«La pluviometría se mantiene según lo previsto según la Aemet, pero, en dos horas el Govern ha aumentado la alerta de amarilla a roja. Parece intencionado como las maniobras anteriores del Ayuntamiento de Palma», aseguraron los acampados en sus grupos de mensajería.

El mensaje llegó a las 19:57 horas de este pasado domingo, casi una hora después de que Protección Civil enviara un mensaje ES-Alert a toda Mallorca para pedir máxima precaución por lluvias intensas y fuertes rachas de viento, siendo la primera vez que este sistema se utiliza para advertir al conjunto de la isla.

Y es que cabe recordar que el Ayuntamiento de Palma reclamó al delegado socialista del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, que actuara de manera inmediata para poner fin a la acampada, una vez vencido el plazo comunicado por la organización a la propia Delegación para llevar a cabo la concentración.

El Consistorio reclamó a la Delegación del Gobierno que asumiera sus responsabilidades y adoptara de manera inmediata las medidas necesarias para restablecer la normalidad, teniendo en cuenta que la Plaza España es un espacio público por el que cada día pasan 50.000 personas y en estos momentos está siendo ocupado con tiendas de campaña, impidiendo que los servicios públicos municipales puedan realizar las labores diarias y ordinarias de limpieza y mantenimiento, y que los ciudadanos puedan hacer uso del espacio con normalidad.

Además, por si fuera poco, la presencia de estas instalaciones colisiona directamente con el marco legal local. La ordenanza cívica municipal aprobada durante la presente legislatura sanciona la instalación de tiendas de campaña en el espacio público con multas que pueden alcanzar los 1.500 euros.

Este nuevo marco legal no deja lugar a ambigüedades en sus artículos referentes a la garantía de un uso racional y ordenado del espacio público y de sus elementos, así como a la salvaguarda de la salud pública, la protección de la seguridad ciudadana y el mantenimiento del patrimonio municipal.

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