La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado a la jueza de Madrid María del Carmen Valcarce reabrir las diligencias que inadmitió el pasado mes de junio contra la exmilitante socialista Leire Díez y el que fuera jefe de Gabinete de Pedro Sánchez como secretario de organización en el PSOE Juan Manuel Serrano por presuntas contrataciones irregulares cuando este presidió Correos. Se iniciaron a raíz de una querella presentada por Vox por fraude en la contratación pública, prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias.

El cerrojazo dado al asunto por la titular de la plaza de Instrucción número 5 de Madrid dio lugar a un recurso de apelación que ahora ha sido estimado por los magistrados de la Audiencia Provincial, que en la resolución a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO señalan que "procede revocar la decisión de inadmisión de la querella recaída, debiendo practicar el órgano judicial las diligencias de investigación que se solicitan" por los de Santiago Abascal.

Añade que tras la declaración de los querellados, y tras conocer el resultado que proporcionen dichas diligencias, la jueza del caso deberá "decidir con libertad de criterio lo que resulte procedente", "en tanto la debida apreciación sobre la gravedad y antijuridicidad de la conducta imputada requiere delimitar previamente cuáles son los hechos que se presentan como ilícitos y su alcance".

La querella interpuesta en su día alude a un total doce situaciones que habrían tenido lugar en el ámbito de la sociedad estatal Correos durante la presidencia de Serrano Quintana y en el periodo en el que Leire Díez ocupó cargos en la entidad. Ambos están siendo investigados por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz en el marco de la presunta trama dirigía a frustrar investigaciones policiales y judiciales al entorno del presidente Pedro Sánchez.

Leire Díez. / Europa Press

Entre los elementos señalados en la acción penal figuran las supuestas irregularidades en los contratos de pandemia con la sociedad del empresario Víctor de Aldama, las actividades intragrupo mencionadas por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) y varias adjudicaciones en las que Vox aprecia "conflicto de interés". Entre ellos, cita al jefe de Seguridad de Correos, Arturo Crespo, "vinculado al caso Delcy" por su presencia en la noche del incidente en el aeropuerto de Barajas; y a un subdirector de Correos "vinculado a la contratación de una persona vinculada sentimentalmente".

La querella también recoge la existencia de modificados en contratos "que alteraban las condiciones de licitación", la contratación con empresas "bajo sanción del Banco de España" y operaciones relativas a terminales de venta y televisores que Vox tilda de "proyecto ruinoso". Asimismo, se menciona la adjudicación del servicio de limpieza de oficinas de Correos a una empresa que, por impagos, presuntamente originó la denuncia de un sindicato y una huelga de trabajadores.

El escrito judicial analiza además la operación Correos Cargo y la contratación de Evelop Airlines, S.L., entonces perteneciente al grupo Globalia y actualmente a Ávoris, realizada "al mismo tiempo que el rescate a Air Europa", mediando la intervención directa de la SEPI "en un proceso sin licitación pública". La acción penal cita también la adjudicación directa de proyectos a una sociedad filial en España "de una matriz con vinculaciones en Panamá y con el expresidente dominicano Martín Torrijos y el español José Luis Rodríguez Zapatero", así como la "coincidencia en clientes comunes entre algunos de los contratistas".

Los magistrados de la Audiencia Provincial Eduardo Víctor Bermúdez, Agustín Morales y Elena Perales entienden que "el fundamento de desestimación de la querella no resulta predicable en el presente caso, en la medida en que la misma propone la investigación sobre hechos y delitos concretos y no una investigación general en búsqueda de actuaciones eventualmente irregulares, y además se proporcionan elementos objetivos directamente constatables y obrantes en registros públicos", explica.

Añaden que entre las diligencias que pide Vox se encuentra una resolución administrativa que "instó la anulación de un contrato de seguridad de aproximadamente 10 millones de euros adjudicado a Trablisa apreciando un conflicto de interés derivado de que el jefe de Área de Seguridad de Correos" o los expedientes de contratación de múltiples empresas, entre las cuales se encuentra una empresa vinculada a Juan Carlos Barrabés, que llegó a estar imputado en el 'caso Begoña Gómez'.

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Así, la Audiencia Provincial excluye la hipótesis de que se trate de una investigación prospectiva y señala que "el único medio posible para comprobar la realidad de los indicios adecuados es precisamente la investigación sobre los mismos".

Fuente: El Periódico