El domingo 29 de noviembre no solo estarán pendientes del escrutinio en Ferraz, Génova 13, Bambú o San Raimundo 12; tampoco en el número ... 16 de la calle Ibáñez, la calle Buenos Aires de Bilbao, el carrer de Calàbria o el Passatge de Bofill. También lo seguirán con máximo interés en las plantas nobles de Telefónica, Navantia, Indra, Redeia o Enagás. Ellos no se juegan escaños ni senadores, se juegan quizá algo más valioso: el sillón de algunas de las empresas más importantes del país. El Estado es accionista de diez compañías cotizadas, siete de ellas pertenecientes al Ibex-35, con participaciones que rondan conjuntamente los 50.000 millones de euros a precios de mercado. A eso se suma la galaxia de sociedades íntegramente públicas que orbitan alrededor de la SEPI, el brazo inversor del Gobierno. Dos mundos distintos jurídicamente, pero en la órbita de influencia de Moncloa.