El riesgo de pobreza afecta a 475.000 personas en Castilla y León, el 19,8% de la población, lo que supone un incremento de 32.000 personas respecto al año anterior. Además, el 24,1% de los habitantes de la comunidad, alrededor de 578.000 personas, se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que permanece prácticamente estable respecto a 2024.

Así se muestra en XVI Informe sobre el Estado de la Pobreza y la Exclusión Social en Castilla y León, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y presentado hoy en la sede del Consejo Económico y Social (CES) de la comunidad, con la participación de su presidente, Enrique Cabero, y del presidente de EAPN Castilla y León, Óscar Castro, informa Ical.

El documento que recoge los datos correspondientes a 2025, refleja un empeoramiento de los principales indicadores de pobreza, pese a que Castilla y León mantiene una tasa de riesgo de pobreza o exclusión social inferior a la media nacional, situada en 25,7%. Sin embargo, la tasa de pobreza autonómica supera ligeramente la estatal, que alcanza el 19,5%.

Presentación estudio pobrza / ICAL

Durante su intervención, Castro advirtió de que los resultados del informe muestran una evolución “preocupante” que debe llevar a las administraciones a “reforzar las políticas sociales”. En este sentido, recordó que “detrás de las estadísticas existen personas y familias que encuentran dificultades para desarrollar sus proyectos de vida”.

“La pobreza no es inevitable, es una realidad sobre la que podemos y debemos actuar”, defendió el presidente de EAPN Castilla y León, quien insistió en que el objetivo de las políticas públicas “no puede limitarse a gestionar las situaciones de vulnerabilidad, sino que debe centrarse en reducirlas y avanzar hacia su erradicación”.

La presentación del informe se produce a las puertas del Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, que se conmemora el 17 de octubre, una fecha que, según Castro, recuerda que la pobreza “no es sólo una cuestión económica, sino fundamentalmente una cuestión de derechos humanos y de justicia social”.

Uno de los datos más preocupantes del informe corresponde a la población infantil, puesto que el 30,9% de los menores de 18 años se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, una proporción que supera en 6,8 puntos la media autonómica.

Aunque este indicador disminuye nueve décimas respecto al ejercicio anterior, la infancia continúa siendo el grupo de edad con mayor vulnerabilidad. Además, la tasa de pobreza infantil alcanza el 29,8%, mientras que la pobreza severa afecta al 19,7% de los menores.

“Seguimos teniendo a casi uno de cada tres niños y niñas en riesgo de pobreza o exclusión social”, lamentó Castro, quien también manifestó su preocupación por el incremento de la pobreza severa y la persistencia de las desigualdades vinculadas al género, la edad, la situación laboral o el lugar de residencia.

En el conjunto de la comunidad, la pobreza severa se sitúa en el 9,8%, frente al 8,4% registrado el año anterior, mientras que la carencia material y social severa alcanza el 6,7% y la baja intensidad de empleo en los hogares aumenta hasta el 9,5%, 2,5 puntos más que en 2024.

El informe también identifica importantes diferencias según las circunstancias personales. Así, el riesgo de pobreza o exclusión social afecta al 33,8% de las personas con discapacidad, al 26,6% de quienes residen en zonas rurales y al 57,6% de las personas desempleadas.

Por sexos, el indicador alcanza el 24,7% de las mujeres y al 23,4% de los hombres, mientras que entre los jóvenes de 18 a 29 años se sitúa en el 25,3%.

La vivienda ocupa un lugar destacado entre las principales preocupaciones de EAPN Castilla y León. Según los datos del informe, el 53,3% de las personas que residen en una vivienda de alquiler a precio de mercado se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, mientras que el 48,7% vive por debajo del umbral de pobreza.

Castro advirtió de que esta situación afecta también a personas que cuentan con un empleo y perciben ingresos, pero que encuentran enormes dificultades para afrontar los gastos relacionados con el acceso y mantenimiento de una vivienda. “La vivienda no puede, bajo ningún concepto, convertirse en un privilegio, en un negocio, al que sólo puedan acceder quienes disponen de determinados recursos económicos”, reivindicó.

En este contexto, defendió que disponer de una vivienda adecuada y estable constituye “una condición imprescindible” para mantener el empleo, cuidar la salud, garantizar la educación de los menores y desarrollar un proyecto de vida.

Los datos reflejan, además, que el 7,6% de la población destina más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda, porcentaje que se eleva hasta el 32,7% entre las personas en situación de pobreza. Asimismo, el 8,8% ha sufrido retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca y el 11,2% no puede mantener su vivienda a una temperatura adecuada durante el invierno.

Ante esta realidad, EAPN considera “imprescindible” reforzar las políticas públicas de vivienda mediante la ampliación del parque público de alquiler social, la movilización de viviendas vacías, la adaptación de las ayudas al alquiler y el fortalecimiento de los mecanismos de prevención de desahucios.

También reclamó prestar especial atención a las personas sin hogar y a las dificultades de acceso a la vivienda en el medio rural, donde la escasez de oferta supone “un obstáculo adicional” para la permanencia de la población. “La vivienda debe dejar de ser un factor que genera pobreza y convertirse en una herramienta para combatirla”, subrayó Castro.