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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALa demora cuesta millones. España ha pagado cerca de 90 millones en multas europeas por no depurar. Solo Alhaurín el Grande supone unos 1,2 millones al año. Duele pensarlo: ese dinero no mejora un tratamiento, no sanea un cauce ni recupera una gota. Se consume en sanciones mientras la obra sigue pendienteMálaga y el agua: no podemos seguir llegando tarde
Durante años tratamos la depuración como un trámite casi invisible. En una Andalucía castigada por la sequía, depurar mal deteriora ríos y acuíferos, frena la reutilización y pasa la factura a la ciudadanía. Depurar bien es seguridad hídrica y económica.
Ese principio choca con el recibo. Desde mayo de 2011, los hogares pagan un canon para financiar depuradoras y colectores. Al cerrar 2024 —último balance disponible—, la Cámara de Cuentas cifró en 678 millones de euros la desviación acumulada entre lo recaudado y lo ejecutado: el 47,5% de los cerca de 1.426 millones ingresados desde la puesta en marcha del canon.
También hay avances: en 2024 se ejecutaron 248,75 millones y la inversión comprometida alcanzó los 1.844,32 millones. Pero comprometer dinero no depura un metro cúbico; redactar un proyecto, tampoco. Incluso una obra terminada solo resuelve el problema cuando funciona y cumple.
Ese esfuerzo no borra la distancia entre recaudar y poner obras en servicio. En 2025 las cuotas subieron un 30%. El ciudadano paga; merece saber dónde va el dinero y cuándo terminan las obras. La Consejería debe publicar el balance de 2025.
La brecha no se queda en las cuentas: este verano volvió a alcanzar nuestras playas. No era la primera vez. Seis playas de Málaga cerraron en agosto por contaminación fecal tras lluvias; en Cádiz hubo cierres en cinco. Las causas fueron distintas, pero basta una bandera roja para vaciar terrazas y quebrar la confianza del visitante.
Está en juego una riqueza esencial. El turismo generó en 2025 más de 30.000 millones y sostuvo 482.000 empleos. El saneamiento la protege. En la costa hay viviendas sin alcantarillado, con fosas sépticas. Si fallan las redes o las fosas filtran agua sin tratar, el daño entra en las casas y en la economía.
Tras las cifras aparece un problema que no es solo de dinero, sino de gobernanza y lentitud administrativa
Tras las cifras aparece un problema que no es solo de dinero, sino de gobernanza y lentitud administrativa. La Sentencia 1180/2025 del Supremo lo aclara en Íllora. La Junta había declarado las obras de interés autonómico y asumido su ejecución. Tras años de espera, el tribunal eximió de sanción al Ayuntamiento por estado de necesidad: sin depuradora, la alternativa sería retener las aguas residuales en casa. No crea una exención general, pero impide que la Administración responsable incumpla y pase la sanción al consistorio.
La demora cuesta millones. España ha pagado cerca de 90 millones en multas europeas por no depurar. Solo Alhaurín el Grande supone unos 1,2 millones al año. Duele pensarlo: ese dinero no mejora un tratamiento, no sanea un cauce ni recupera una gota. Se consume en sanciones mientras la obra sigue pendiente.
A esa factura se suma una decisión desconcertante: el Decreto-ley 1/2026 permite destinar el canon a cauces, infraestructuras de regulación y caminos del dominio público hidráulico. Son obras necesarias, claro, pero el canon se cobra para sanear y depurar. Cambiar su destino exige explicaciones, trazabilidad y una garantía: no aplazar otra depuradora.
Proponemos una mesa técnica entre la Junta, las entidades locales y los operadores públicos para construir las depuradoras pendientes y gestionarlas bien
Frente a este panorama hay salida. Proponemos una mesa técnica entre la Junta, las entidades locales y los operadores públicos para construir las depuradoras pendientes y gestionarlas bien. No queremos repartir culpas; queremos desbloquear expedientes y garantizar personal, mantenimiento y controles.
La propuesta tiene antecedentes. En 2011 AEOPAS planteó movilizar 638 millones mediante operadores públicos para acelerar unas 300 actuaciones. Cuatrecasas avaló la fórmula. Había una vía; faltó recorrerla.
Recuperarla exige agilizar contratos y expropiaciones. Un proyecto puede consumir ocho años de trámites; algunos llevan más de veinte. También hay que auditar el dinero, explicar los retrasos y actualizar el balance hídrico. Demasiadas depuradoras siguen bajo sospecha comunitaria, con riesgos para la salud, el medio ambiente y el turismo.
La urgencia crece: Europa ya fija nuevos deberes. La Directiva (UE) 2024/3019 incorpora el control de microcontaminantes, impulsa la neutralidad energética y extiende la depuración a núcleos menores. España deberá incorporarla antes de agosto de 2027. Aún resolvemos lo antiguo y lo nuevo llama a la puerta.
Por eso resulta tremendo repetirlo. El éxito no está en la cinta que se corta ni en la cifra anunciada, sino en los vertidos que se evitan, los ecosistemas que respiran y el agua que vuelve a servir. Depurar cuesta, claro. Pero recaudar sin ejecutar, pagar multas, cerrar playas y desperdiciar agua cuesta mucho más. Ese es el coste de no depurar. Lo pagamos todos.
Luis Babiano es Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento AEOPAS
Durante años tratamos la depuración como un trámite casi invisible. En una Andalucía castigada por la sequía, depurar mal deteriora ríos y acuíferos, frena la reutilización y pasa la factura a la ciudadanía. Depurar bien es seguridad hídrica y económica.
Ese principio choca con el recibo. Desde mayo de 2011, los hogares pagan un canon para financiar depuradoras y colectores. Al cerrar 2024 —último balance disponible—, la Cámara de Cuentas cifró en 678 millones de euros la desviación acumulada entre lo recaudado y lo ejecutado: el 47,5% de los cerca de 1.426 millones ingresados desde la puesta en marcha del canon.
También hay avances: en 2024 se ejecutaron 248,75 millones y la inversión comprometida alcanzó los 1.844,32 millones. Pero comprometer dinero no depura un metro cúbico; redactar un proyecto, tampoco. Incluso una obra terminada solo resuelve el problema cuando funciona y cumple.
Ese esfuerzo no borra la distancia entre recaudar y poner obras en servicio. En 2025 las cuotas subieron un 30%. El ciudadano paga; merece saber dónde va el dinero y cuándo terminan las obras. La Consejería debe publicar el balance de 2025.
La brecha no se queda en las cuentas: este verano volvió a alcanzar nuestras playas. No era la primera vez. Seis playas de Málaga cerraron en agosto por contaminación fecal tras lluvias; en Cádiz hubo cierres en cinco. Las causas fueron distintas, pero basta una bandera roja para vaciar terrazas y quebrar la confianza del visitante.
Está en juego una riqueza esencial. El turismo generó en 2025 más de 30.000 millones y sostuvo 482.000 empleos. El saneamiento la protege. En la costa hay viviendas sin alcantarillado, con fosas sépticas. Si fallan las redes o las fosas filtran agua sin tratar, el daño entra en las casas y en la economía.
Tras las cifras aparece un problema que no es solo de dinero, sino de gobernanza y lentitud administrativa
Tras las cifras aparece un problema que no es solo de dinero, sino de gobernanza y lentitud administrativa. La Sentencia 1180/2025 del Supremo lo aclara en Íllora. La Junta había declarado las obras de interés autonómico y asumido su ejecución. Tras años de espera, el tribunal eximió de sanción al Ayuntamiento por estado de necesidad: sin depuradora, la alternativa sería retener las aguas residuales en casa. No crea una exención general, pero impide que la Administración responsable incumpla y pase la sanción al consistorio.
La demora cuesta millones. España ha pagado cerca de 90 millones en multas europeas por no depurar. Solo Alhaurín el Grande supone unos 1,2 millones al año. Duele pensarlo: ese dinero no mejora un tratamiento, no sanea un cauce ni recupera una gota. Se consume en sanciones mientras la obra sigue pendiente.
A esa factura se suma una decisión desconcertante: el Decreto-ley 1/2026 permite destinar el canon a cauces, infraestructuras de regulación y caminos del dominio público hidráulico. Son obras necesarias, claro, pero el canon se cobra para sanear y depurar. Cambiar su destino exige explicaciones, trazabilidad y una garantía: no aplazar otra depuradora.
Proponemos una mesa técnica entre la Junta, las entidades locales y los operadores públicos para construir las depuradoras pendientes y gestionarlas bien
Frente a este panorama hay salida. Proponemos una mesa técnica entre la Junta, las entidades locales y los operadores públicos para construir las depuradoras pendientes y gestionarlas bien. No queremos repartir culpas; queremos desbloquear expedientes y garantizar personal, mantenimiento y controles.
La propuesta tiene antecedentes. En 2011 AEOPAS planteó movilizar 638 millones mediante operadores públicos para acelerar unas 300 actuaciones. Cuatrecasas avaló la fórmula. Había una vía; faltó recorrerla.
Recuperarla exige agilizar contratos y expropiaciones. Un proyecto puede consumir ocho años de trámites; algunos llevan más de veinte. También hay que auditar el dinero, explicar los retrasos y actualizar el balance hídrico. Demasiadas depuradoras siguen bajo sospecha comunitaria, con riesgos para la salud, el medio ambiente y el turismo.
La urgencia crece: Europa ya fija nuevos deberes. La Directiva (UE) 2024/3019 incorpora el control de microcontaminantes, impulsa la neutralidad energética y extiende la depuración a núcleos menores. España deberá incorporarla antes de agosto de 2027. Aún resolvemos lo antiguo y lo nuevo llama a la puerta.
Por eso resulta tremendo repetirlo. El éxito no está en la cinta que se corta ni en la cifra anunciada, sino en los vertidos que se evitan, los ecosistemas que respiran y el agua que vuelve a servir. Depurar cuesta, claro. Pero recaudar sin ejecutar, pagar multas, cerrar playas y desperdiciar agua cuesta mucho más. Ese es el coste de no depurar. Lo pagamos todos.
Luis Babiano es Gerente de la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento AEOPAS