El Gobierno de José Luis Martínez-Almeida no está dispuesto a soltar el hueso de la acampada en Sol. Como cada día de las dos últimas semanas, el Ayuntamiento ha subido un nuevo peldaño en la presión a la Delegación del Gobierno para exigir el desalojo de la protesta instalada en Sol desde el pasado 26 de septiembre. La vicealcaldesa, Inma Sanz, ha advertido este miércoles de que el Consistorio acudirá a los tribunales si el delegado del Gobierno, Francisco Martín, no responde dentro del plazo legal de un mes al requerimiento remitido el pasado 29 de septiembre.

"Si se pasa un segundo, un minuto de ese plazo, este Ayuntamiento acudirá a los tribunales", ha asegurado en declaraciones a los medios esta mañana. La advertencia llega después de que el Gobierno municipal enviara ayer una nueva carta a la institución presidida por Martín para documentar los riesgos generados por la concentración. No se trata de un nuevo requermiento, ha acalarado Sanz, sino sucesivas actualizaciones del ya remitido a finales de ems con las que el Ayuntamiento pretende acreditar la situación de la plaza y la supuesta inacción de la Administración estatal.

"El requerimiento es el inicial y luego lo que estamos haciendo son ampliaciones de información", ha explicado la vicealcaldesa, que ha insistido en que el objetivo es evitar que la Delegación pueda alegar desconocimiento de los hechos denunciados. "Vamos a seguir acreditando con nuestros servicios, también con distintas fotografías, todas esas situaciones que allí se están produciendo", ha señalado, para advertir de que esa inacción, que considera "deliberada", podría tener consecuencias judiciales.

Entre los incidentes recogidos en la nueva documentación, Sanz ha destacado los ocurridos durante el fin de semana del 3 y 4 de octubre, cuando, según su relato, parte de los acampados se acercaron hasta en dos ocasiones a agentes de la Policía Municipal portando objetos contundentes. La situación habría obligado a los policías a refugiarse inicialmente en la comisaría hasta recibir el apoyo de compañeros de las unidades centrales de seguridad, que consiguieron recuperar el control. También ha denunciado la presencia de personas con palos durante el pasado fin de semana y episodios de hostigamiento a periodistas como el denunciado ayer por Telemadrid.

A estos incidentes, la vicealcaldesa ha sumado los riesgos que podría ocasionar la acampada en caso de una evacuación de las estaciones de Metro y Cercanías de Sol. Sanz ha recordado que se trata de dos de los principales nodos de transporte de la capital, utilizados diariamente por miles de viajeros, y ha advertido de que cualquier emergencia que obligara a desalojarlos podría desembocar en una situación de "verdadero riesgo".

La actividad comercial también figura entre las preocupaciones trasladadas por el Consistorio. Según ha asegurado la vicealcaldesa, algunos establecimientos del entorno están registrando reducciones de hasta el 80% y el 90% en su actividad, una situación que considera especialmente preocupante ante la proximidad de la campaña navideña, cuando muchos de estos negocios concentran buena parte de sus ingresos. A ello ha añadido los problemas de salubridad que, según ha defendido, han sido constatados por los servicios municipales.

Noticias relacionadas

"Esa acampada es ilegal y además está produciendo numerosos perjuicios para los vecinos de la zona y también para la normal convivencia de la ciudad", ha insistido la portavoz municipal, que ha denunciado que el asentamiento supone una privatización del espacio público y que existen personas encapuchadas que controlan quién puede acceder a determinadas zonas de la concentración. "Ya llegó el momento de que esa acampada se levante", ha insistido.

Fuente: El Periódico de España