España ha defendido este lunes mantener una "trayectoria exigente" de reducción de emisiones en la reforma del mercado europeo de CO2 (ETS, por sus siglas en inglés), aunque ha reclamado reforzar las ayudas a la descarbonización industrial y evitar que las nuevas obligaciones provoquen el traslado de actividades fuera de la Unión Europea, en un debate entre los Veintisiete marcado por las diferencias sobre el alcance de la reforma. Esta posición contrasta frontalmente con la mostrada por los principales puertos nacionales y europeos, que abogan por un modelo internacional.

"La descarbonización no es un obstáculo para la competitividad; es una condición para reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles, reforzar la autonomía estratégica y movilizar inversión limpia en Europa", ha defendido el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, en un debate durante el Consejo de Medio Ambiente celebrado en Luxemburgo.

En concreto, España ha defendido que el ETS siga siendo "el principal instrumento de la política climática de la UE" y ha apostado por mantener un ritmo elevado de reducción de los derechos de emisión que pueden utilizar las empresas para contaminar, con el objetivo de obligarlas a disminuir progresivamente sus emisiones. No obstante, ha planteado que cualquier suavización de estas exigencias a partir de 2036 solo se permita si existen suficientes créditos internacionales de calidad, que permiten compensar parte de las emisiones mediante proyectos de reducción de CO2 fuera de la UE.

Morán también ha apoyado la creación de un Banco de Descarbonización Industrial y ha reclamado que una parte "significativa y previsible" de los ingresos generados por el mercado de carbono se destine a financiar inversiones en "electrificación, eficiencia, almacenamiento y combustibles sostenibles".

En esta misma línea, el representante español ha reclamado abordar la "ruptura de servicios transoceánicos directos" y su redistribución hacia puertos de terceros países, con el objetivo de evitar que las obligaciones sobre emisiones incentiven "una reorganización del tráfico marítimo y el traslado de actividades fuera de los puertos europeos".

"Es necesario abordar mejor la ruptura de servicios transoceánicos directos y su redistribución desde puertos extracomunitarios, evitando que se incentive una reorganización del tráfico marítimo y el traslado de actividades fuera de puertos europeos", ha señalado Morán, una cuestión que también han planteado países como Italia y Portugal.

No en vano, los segundos resultados del Observatorio lanzado por Puertos del Estado encargado de medir el impacto del ETS confirmaron la tendencia de sobre la reducción de la conectividad de los tráficos de contenedores para servicios de larga distancia realizados en puertos de la UE frente a países vecinos no sujetos a la normativa ambiental europea, medida en términos del parámetro teu-milla (la capacidad en teus de los barcos que llegan por la distancia recorrida).

Los datos del último informe, que incluye el seguimiento desde 2023 hasta marzo de 2026, revelan un descenso de la conectividad directa de los principales puertos europeos. En el caso del norte de Europa la caída es de 5 puntos, que se amplía a 18 puntos en el caso del Mediterráneo oriental (del 68% al 50%). En el entorno de Andalucía, el impacto queda más acotado a los tráficos de transbordo.

La revisión del ETS, presentada por la Comisión Europea el pasado mes de julio para adaptar el sistema al objetivo de reducir las emisiones comunitarias un 90% en 2040, ha puesto de manifiesto las diferencias entre los países partidarios de preservar un ritmo exigente de descarbonización y aquellos que reclaman flexibilizar las obligaciones para proteger a las empresas frente a los elevados costes energéticos y la competencia internacional.

Entre los primeros, Dinamarca, Alemania o Suecia han defendido mantener una señal de precios suficientemente fuerte para incentivar las inversiones en tecnologías limpias y han advertido de que las excepciones o el recurso a créditos internacionales no deben reducir los esfuerzos de descarbonización dentro de la Unión.

Frente a estas posiciones, otros países como Italia o Polonia han reclamado una revisión del mecanismo que tenga en cuenta las dificultades de transformación de determinados sectores industriales y el riesgo de que las empresas europeas pierdan competitividad frente a productores de terceros países que no están sometidos a las mismas exigencias ambientales.

Por su parte, el comisario europeo de Clima, Wopke Hoekstra, ha insistido en que "hay que mantener la ambición climática para mejorar la competitividad" y ha defendido reforzar la descarbonización de sectores como la aviación, el transporte marítimo y los residuos, así como facilitar las inversiones industriales, al considerar que "la asignación gratuita es una herramienta para acelerar la transición, no es un motivo para posponerlo".

Ante las diferencias entre los Veintisiete, la presidencia irlandesa del Consejo ha reconocido que "queda todavía mucho trabajo por delante" para alcanzar un acuerdo que equilibre los distintos aspectos de la reforma y ha pedido a los Estados miembro que identifiquen sus prioridades y aporten propuestas concretas para avanzar en las negociaciones.

"Lo que he escuchado es que todo el mundo desea que logremos un acuerdo sobre esta revisión", ha señalado el ministro irlandés de Clima, Energía y Medio Ambiente, Darragh O'Brien, que ha anunciado que continuará trabajando para acercar posiciones de cara a diciembre, cuando los países aspiran a fijar una postura común.