No se ha conformado con hurtarle al Congreso. durante toda la legislatura, su facultad primigenia de aprobar las cuentas del Estado (¡para eso nacieron los parlamentos, para fiscalizar las finanzas y controlar el poder de los reyes!), ni con suspender los debates sobre el estado de la nación, ni con gobernar abusando del decreto, ni siquiera con sacar adelante el decreto de la vivienda por la puerta de atrás (llevar a la diputación permanente del Congreso lo que había rechazado el pleno, más representativo y prevalente).

Acaba de subir su apuesta por la devaluación del Poder Legislativo. Ya va por su deslegitimación, en el plano argumental y preelectoral. Dice el Supremo Líder a sus dóciles servidores que este Congreso no les vale porque no sintoniza con lo que exige la calle. Ojo, que esto tiene una conversación: ¿quiere decir que el órgano constitucional en el que reside la soberanía popular y que lo invistió a él como presidente del Gobierno ahora ha dejado de ser legítimo porque ha votado contra dos decretos improvisados para contentar a varios miles de manifestantes?

Es de primer curso de democracia: los 350 diputados españoles, todos ellos, representan a 48 millones de ciudadanos mientras dura su mandato. Los acampados se representan a sí mismos, y seguramente a muchos ciudadanos más, pero nunca a 48 millones y nunca pueden sustituir a los legisladores electos, que en noviembre darán paso a otros 350 elegidos en las urnas, no en la calle.

Ese discurso de la calle frente al Parlamento o los manifestantes frente a los representantes del pueblo sólo se lo había oído a gente como Daniel Ortega o Nicolás Maduro, quien, disgustado por la elección de un parlamento que le había salido rana, lo disolvió y designó otro mediante pucherazo. Para adaptarlo a lo que, según él, demandaba el verdadero pueblo en la calle.

Dicen que esto de la vivienda y las elecciones tras la huelga es la última bala de Sánchez. A veces esa bala –húmeda, desgastada o inane– no se dispara. Queda atascada dentro del cañón.