01/10/2026 Actualizado a las 06:44h.

Me gustaría visibilizar una realidad desgarradora que ocurre a diario en nuestras aulas y que con demasiada frecuencia decidimos ignorar. Sobre todo, viendo lo que ... han dado de que hablar los resultados de PISA. Hablo de los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo, como la dislexia u otras dificultades de aprendizaje quienes no sufren por falta de inteligencia o de esfuerzo sino por una preocupante falta de sensibilidad y de formación del profesorado. Legalmente el marco está claro. El Decreto 78/2024, del 18 de junio, reconoce explícitamente el derecho de estos alumnos a la accesibilidad universal y a recibir las adaptaciones precisas (como el uso de lectores digitales) para garantizar la igualdad de condiciones básicas de aprendizaje. No son favores, son derechos reconocidos por ley. Sin embargo, a pie de aula, la realidad golpea con crueldad. Alumnos brillantes ven frustrado su futuro porque un profesor decide, por desconocimiento o desinterés, no aplicar las adaptaciones que tienen reconocidas con la complicidad de dirección. La falta de estas medidas no es un descuido administrativo: es una forma de exclusión sistemática y de desamparo. Cuando el sistema que debería proteger y guiar a un menor se convierte en la principal barrera que lo castiga y lo aísla, las consecuencias psicológicas de autoestima y de salud mental son devastadoras. Urge que el Departamento de Educación y los centros docentes no miren hacia otro lado, formen debidamente a sus plantillas y exijan el cumplimiento estricto de la normativa de inclusión. Legislar sobre el papel es fácil; humanizar y cumplir las leyes dentro del aula es la verdadera asignatura pendiente. Asier Gabilondo (Elgoibar)