El adelanto electoral anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se produjo tras la caída en el Congreso de dos decretos ley en materia de vivienda la semana pasada. Ahora, la Diputación Permanente del Congreso debe convalidar dos nuevos decretos similares, aunque aún no se conoce la fecha exacta de la votación. La primera reunión será el 16 de octubre, pero estará dedicada a convalidar otros dos decretos: uno para paliar los efectos de la dana valenciana y otro con medidas ante la inflación de precios provocada por la guerra de Irán.

Éstos son los hitos que pueden marcar la campaña electoral:

Las acampadas y protestas continúan en las calles de varias ciudades españolas, espoleadas por la muerte el miércoles de Maricarmen Abascal, la mujer de 87 años cuyo desahucio de la casa en la que había vivido más de siete décadas en Madrid supuso un punto de inflexión. Este suceso ha encendido la movilización en favor de los decretos de vivienda, que han sido bautizados popularmente con su nombre.

De la crisis de la vivienda deriva también la huelga general promovida por el Sindicato de Inquilinas y convocada por UGT, CCOO y otras centrales sindicales, fijada para el 11 de noviembre, a las puertas del inicio oficial de la campaña electoral dos días después. La patronal CEOE ha cuestionado la legalidad de esta protesta al considerarla política, pese a que los sindicatos la convocan por la mejora salarial que facilite el acceso a la vivienda. Sin señales de que se levante la acampada de Sol, el Gobierno aplaude el paro de 24 horas porque refleja "un sentir generalizado". Otra huelga, la convocada inicialmente por los médicos para el 28 de octubre, ha sido aplazada para no interferir con los comicios.

La gestión de la crisis migratoria de Ceuta marcará sin duda la precampaña, con la histórica visita de los reyes a esa ciudad autónoma y a Melilla prevista para el 13 y el 14 de octubre. Felipe VI y Letizia viajarán por primera vez a ambas ciudades y estarán acompañados por Ángel Víctor Torres, ministro de Política Territorial y Memoria Democrática y mando único para coordinar la respuesta de las administraciones tras la entrada irregular en Ceuta de alrededor de 80.000 personas a finales de julio.

No es segura la vuelta a Cataluña del ex presidente de la Generalitat catalana Carles Puigdemont antes de las elecciones, pero, de producirse, tendría un destacado impacto mediático y político. Cabe ya en cualquier momento, una vez que el Tribunal Constitucional ha incluido la malversación en la amnistía y que el Tribunal Supremo ha retirado la orden de búsqueda y captura que pesaba contra él. No obstante, fuentes del entorno de Puigdemont apuntan que esperará a que el Supremo archive la causa de manera definitiva, lo cual tendría lugar una vez que el Constitucional formalice su fallo y lo publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Otras decisiones judiciales marcarán previsiblemente también la agenda política, como la instrucción del caso Plus Ultra que afecta al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero, quien está a la espera de saber si el juez pide a Arabia Saudí que confirme su versión sobre la procedencia de algunas de sus joyas, así como de la nueva tasación encargada.

En el caso Leire, el juez Santiago Pedraz debe decidir si imputa al PSOE por financiación ilegal, como pidió el PP, mientras que la jueza María Tardón continúa su investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Por otra parte, un juez de Madrid ha citado en plena campaña electoral, el 23 de noviembre, a la vicepresidenta tercera del Gobierno, Sara Aagesen, como testigo en el caso Air Europa, otro hito judicial más en el calendario electoral.

Otras causas no se decidirán antes del 29-N pero su instrucción seguramente influirá en la campaña: las hijas de Zapatero están citadas como investigadas el día después de los comicios y el juicio con jurado a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, no se prevé antes de fin de año.

En manos del Supremo está el derecho a voto de muchos españoles que han logrado la nacionalidad al amparo de la denominada ley de nietos, un aumento del Censo Electoral de Residentes Ausentes en el Extranjero (CERA) que han recurrido Vox y Iustitia Europa. El alto tribunal decidió suspender cautelarmente el derecho a voto de quienes no acreditaran que eran descendientes de exiliados y, tras recurrir la Abogacía del Estado, el martes dio un plazo improrrogable de 48 horas a las partes para que presenten alegaciones. La Abogacía ha avisado de que es "materialmente imposible" revisar alrededor de 170.000 expedientes de personas que obtuvieron la nacionalidad en base a la instrucción que desarrolló la ley de nietos y que presumía la condición de exiliados a todos los españoles que salieron del país entre 1936 y 1955.

El 4 y 5 de noviembre se celebrará en Madrid la trigésima Cumbre Iberoamericana, a la que el Gobierno espera que asista el grueso de líderes de una comunidad que en los últimos años ha girado mayoritariamente a la derecha. Además, antes del 29-N hay elecciones destacadas en otros países, como los comicios de medio mandato en Estados Unidos, previstos para el 3 de noviembre; la segunda vuelta de las presidenciales en Brasil, el 25 de octubre, y las legislativas en Israel dos días más tarde.