El uso de armas explosivas con área de impacto extensa en zonas pobladas puede tener efectos indiscriminados en caso de que dichas armas tengan un radio destructivo amplio, esparzan fragmentos en una zona extensa o sean imprecisas al punto de alcanzar un área mayor a la prevista. Estas armas, que pueden ser bombas y misiles, morteros y cohetes, así como algunos artefactos explosivos improvisados, representan una de las principales amenazas para las personas civiles.

El alto riesgo de que los efectos de esas armas explosivas excedan con creces el objetivo militar previsto hace que sea muy difícil que puedan utilizarse en zonas pobladas sin incumplir el derecho internacional humanitario. Es por eso que las partes en conflicto tienen el deber de distinguir entre objetivos militares y personas civiles o bienes de carácter civil, y de evitar o reducir al mínimo los daños a la población civil. Desde hace más de una década venimos reiterando públicamente esta posición.

Más de 90 Estados ya han suscrito la Declaración Política sobre Armas Explosivas en Zonas Pobladas de 2022 y se han comprometido a disponer lo necesario para que sus fuerzas armadas adopten medidas para evitar los daños a la población civil, entre otras, abstenerse de utilizar armas explosivas en zonas pobladas o restringirse, según corresponda, en caso de que sea de prever que su empleo provoque daños a la población civil o a bienes de carácter civil. Instamos a los Estados que no lo hayan hecho aún a que suscriban la declaración.

Al mes de julio de 2026, la Declaración política acerca del fortalecimiento de la protección de la población civil contra las consecuencias humanitarias derivadas del uso de armas explosivas en zonas pobladas ha sido suscrita por al menos 91 países.