En la carrera por controlar el relato de los tema de ciudad, el alcalde Jaume Collboni se ha anotado este martes un punto a su favor con la aprobación provisional del incremento de la tasa que pagan al Ayuntamiento los cruceristas que pasan menos de 12 horas en la ciudad. En una comisión extraordinaria de Economía, el gobierno del PSC ha dado el primer paso para que este punto de las ordenanzas fiscales salga adelante antes de que termine el año, de manera que los turistas marítimos que vengan a pasar el día y que hoy pagan cinco euros pasen a abonar 12, con un aumento gradual que en el 2030 llegará a los 24 euros.

Los socialistas han cosechado una mayoría poco habitual en la capital catalana. Han votado a favor de este punto los grupos de Esquerra, socio habitual durante todo el mandato, y Junts, bancada mucho más remolona a la hora de apoyar las políticas de Collboni. Ya pasó con la modificación de la ordenanza de civismo, el plan de usos de Ciutat Vella o el Museo Thyssen en paseo de Gràcia, pero, aunque se esperaba, no prosperó cuando tocó dotar a la Guardia Urbana de pistolas Taser. “Queremos un turismo que asuma los costes que genera a la ciudad. Quien más impacto económico causa, debe pagar más”, ha resumido durante su intervención el concejal postconvergente Arnau Vives. 

 El teniente de alcalde de Economía, Jordi Valls, ha sido el encargado de presentar los dos puntos del orden del día. El primero planteaba un incremento del IBI a los grandes hoteles, del 1,17% al 1,30%, el máximo que marca la ley. Entre otros argumentos, ha explicado que dos terceras partes de estos establecimientos están en manos de fondos de inversión y que el sector turístico “debe pagar más por las externalidades que genera en la ciudad”. en este punto solo han logrado el voto favorable de ERC, con lo que la medida no ha salido adelante y hora el gobierno deberá reformularla para volver a llevarla a esta misma comisión. Los comunes se han abstenido, con críticas “por no haber negociado antes el expediente”, en palabras de su portavoz, Marc Serra.

 A pesar de haber sido socios de gobierno durante un mandato y medio, aunque quizás sea por culpa de eso, PSC y BComú han tenido sus más y sus menos en la sesión de este martes. Serra incluso ha usado la figura de Xavier Trias para criticar a Collboni, ya que, a su modo de ver, el exalcalde de CiU “sabía llegar a acuerdos”, mientras que el actual regidor de Barcelona intenta sacar adelante proyectos, ha dicho, sin ni tan siquiera negociarlos con el resto de grupos municipales.

Sobre el recargo a los cruceristas fugaces, el portavoz comunero ha insinuado que el gobierno ha recibido “llamadas” para no ser más ambicioso, esto es, para no cobrar de golpe los 24 euros que se espera ingresar por crucerista en el 2030 (siempre y cuando en cada ejercicio se vaya aprobando la subida escalonada anunciada ahora). El PSC ya explicó el viernes que se ha hecho de esta manera para no generar un agravio comparativo con la tasa turística por alojarse en establecimientos de la ciudad, que también sube año a año, y para blindar la propuesta desde el punto de vista jurídico. “No como ha pasado en el pasado con algunos proyectos municipales” ha evocado Valls, en clara y sutil referencia a las demandas contra la pacificación de Consell de Cent o la reforma de Via Laietana.

A cambio de su voto favorable, Esquerra ha arañado más dinero para el refuerzo escolar (tres millones el año que viene) y más fondos para actividades extraescolares (un millón más), todo, destinado a familias sin recursos. Junts ha conseguido el compromiso del gobierno de que los próximos presupuestos incorporen más dinero para generar sombras en la ciudad. Tiene pinta de que eso tocará negociarlo a parte, ya que las cuentas del 2027, tras dos cuestiones de confianza y una prórroga, van camino de no aprobarse. En vísperas electorales, será difícil que, más allá de ERC, algún grupo se avenga a allanar el camino al PSC.

En el pleno del próximo viernes se producirá la aprobación provisional del expediente que regula el recargo a los cruceristas que están de paso. Si los votos emitidos este martes en la comisión se mantienen entonces, empezará la exposición pública de 30 días, tras la cual el gobierno podrá tramitar el plácet definitivo para que los forasteros marítimos de menos de 12 horas paguen, a partir de enero, 12 euros por amarrar en el puerto de Barcelona.