El borrador del decreto del gobierno de Abelardo De La Espriella para regular la protesta en Colombia ha generado una ola de reacciones entre diferentes corrientes políticas a medida que avanza el periodo de observaciones públicas, que irá hasta el próximo 4 de octubre.

LEA TAMBIÉN

Desde los sectores afines al Gobierno y partidos independientes, la medida fue recibida como una herramienta necesaria para contrarrestar los bloqueos e infracciones en las vías. 

Senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático. Foto:Prensa Hernán Cadavid.

El senador Hernán Cadavid, del Centro Democrático, respaldó la iniciativa y afirmó que "la realidad" del país exige agilizar los mecanismos institucionales frente a la paralización de las ciudades en esos escenarios.

"La realidad de los hechos ha ido indicando que hay un abuso de la protesta en muchas regiones de Colombia, donde se hace necesaria la mayor agilidad de los instrumentos por parte de los miembros de la Fuerza Pública a la hora de los bloqueos, de la paralización de las ciudades, del freno u obstrucción de cualquier vía principal por un problema menor. En ese tipo de casos, el Gobierno tiene que garantizar, primero, el derecho a la libre movilidad de los colombianos, respetando, eso sí, los derechos humanos, que no son temas excluyentes", comentó Cadavid.

El representante a la Cámara del partido Creemos, Simón Molina, fue más tajante: "¡Mucha atención! Desde ya quedan advertidos y notificados los encapuchados, los violentos y los criminales que utilizan las protestas para sembrar miedo, caos y terror", escribió en redes, agregando que respaldará la medida. 

"No podemos normalizar el terrorismo en las manifestaciones", agregó.

LEA TAMBIÉN

Desde la oposición, uno de los mensajes es que el decreto "es una amenaza directa a la democracia y al derecho a la protesta consagrado en el Artículo 37 de la Constitución Política", dijo el senador Kevin Gómez, del Pacto Histórico, señalando que el Ejecutivo busca "eliminar el diálogo obligatorio" y "proteger el capital sobre la gente".

Gestores de convivencia en movilizaciones. Foto:Bogotá.gov.co

En ese mismo sentido, la senadora Jennifer Pedraza, de Alianza Verde, sostuvo que la postura del Gobierno sigue encasillando la movilización social como un problema y advirtió que, de concretarse la firma del decreto en sus términos actuales, interpondrá una demanda ante el Consejo de Estado.

Por su parte, el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, enfatizó que la propuesta busca establecer reglas claras para distinguir el derecho a marchar de la comisión de un delito. 

Triana precisó en redes sociales que el proyecto mantiene la primacía de la mediación y los principios de proporcionalidad, pero evita que el diálogo se convierta en una traba administrativa que impida a alcaldes y autoridades reaccionar a tiempo ante situaciones de violencia.

"Lo que cambia es algo elemental: el diálogo no puede ser una traba que impida reaccionar a tiempo ante actos violentos. Hoy nuestros alcaldes y autoridades necesitan herramientas claras para actuar de forma oportuna", escribió en X.

LEA TAMBIÉN

Julio César Triana, representante a la Cámara por Cambio Radical. Foto:Archivo Particular

Carol Borda, representante de Salvación Nacional, también respondió a los críticos señalando que lo que cambia con esta regulación "es una ciudadanía cansada de que usen la protesta para vandalizar y que esa ciudadanía votó por un Presidente con la gallardía para regular el Derecho fundamental a la protesta pacífica y ser contundentes contra el vandalismo y la violencia".