CI. – Crecientes denuncias señalan a las fuerzas militares y de policía de Colombia como responsables de nuevas ejecuciones extrajudiciales. El asesinato de un campesino en el Meta, otro en Santa Marta y el crimen de un afrodescendiente en Bogotá confirman que esa práctica criminal nunca ha desaparecido de las unidades militares y de policía. […]
CI. – Crecientes denuncias señalan a las fuerzas militares y de policía de Colombia como responsables de nuevas ejecuciones extrajudiciales. El asesinato de un campesino en el Meta, otro en Santa Marta y el crimen de un afrodescendiente en Bogotá confirman que esa práctica criminal nunca ha desaparecido de las unidades militares y de policía.
La Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta, denunció que el Ejército asesinó a un campesino que intentó socorrer a una familia secuestrada por unidades militares, quienes abusaron y torturaron a una mujer.
El pasado 22 de septiembre, tropas del Ejército Nacional asesinaron al campesino Luis Carlos Mojica Guzmán, quien, según los testimonios recogidos, se encontraba desarmado y no representaba ninguna amenaza. Hacia el mediodía, los uniformados llegaron a la vivienda de una pareja de campesinos que vivía junto a sus dos hijos menores de edad. De forma violenta y arbitraria, los militares detuvieron a la campesina Yuli Andrea Motta Tovar, a quien amarraron, golpearon y obligaron a quitarse la ropa mientras la interrogaban. Asimismo, los militares secuestraron al campesino Luis Carlos Guerrero y a los dos niños que vivían en la vivienda.
Grave denuncia en La Macarena, Meta
Desde Indepaz expresamos profunda preocupación por la grave denuncia realizada por la Junta de Acción Comunal de la vereda Guaduales Nueva Esperanza, en La Macarena, Meta.
Según la denuncia de la comunidad, el 22 de septiembre, en medio de… pic.twitter.com/q7YlIOzYcI
— INDEPAZ (@Indepaz) September 25, 2026
Según la denuncia de la Junta de Acción Comunal, hacia las 3:35 de la tarde, cuando la familia permanecía en poder de los militares, el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán se acercó para auxiliar a la familia secuestrada. Entonces, los militares le dispararon y lo asesinaron sin mediar palabras. Varios testimonios de la comunidad afirman que el campesino, afiliado a la Junta, estaba desarmado y no representaba ningún peligro; sin embargo, los militares le dispararon con sevicia en varias ocasiones. Después de asesinarlo, el Ejército se llevó el cuerpo del campesino.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como Indepaz solicitaron a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría y a la Defensoría del Pueblo verificar de manera urgente lo ocurrido.
Conocimos la denuncia sobre hechos ocurridos el pasado 22 de septiembre en zona rural de La Macarena, Meta, durante un operativo de la Fuerza Pública, en los que Luis Carlos Mojica Guzmán habría fallecido y una mujer habría sido sometida a graves afectaciones contra su dignidad e…
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 26, 2026
Igualmente, reclamaron que el Ejército Nacional entregue información pública y suficiente sobre la operación y sobre lo ocurrido con el campesino Luis Carlos Mojica Guzmán.
Según este comunicado, alias Cholo fue asesinado en estado de indefensión. Las ejecuciones extrajudiciales (pena de muerte) están proscritas en Colombia. El presidente @ABDELAESPRIELLA sigue el camino de Rodrigo Duterte, expresidente de Filipinas hoy en juicio ante la CPI. pic.twitter.com/tLRtQC15ce
— ClaudiaJulietaDuque (@JulieDuque1) September 24, 2026
Del mismo modo, la Defensoría del Pueblo solicitó al Ejército Colombiano información completa sobre lo sucedido y pidió a las autoridades competentes esclarecer con la debida diligencia y oportunamente los hechos, incluida la muerte reportada, y determinar las responsabilidades a que haya lugar.

Ricardo Andrés Rodríguez Martínez
El Ministro de Defensa, Jorge Eduardo Mora, enfatizó que el joven Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, una de las personas muertas en el operativo contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), no era hijo del máximo jefe del grupo conocido como alias Pinocho.
La familia de Ricardo Andrés Rodríguez Martínez denunció que el joven de 18 años era un campesino que se dedicaba a actividades del campo, que no pertenecía a ningún grupo armado y que los militares lo asesinaron en la práctica conocida como ejecución extrajudicial.
El joven Ricardo Andrés Rodríguez Martínez resultó muerto durante un operativo contra las autodenominadas ACSN en el Magdalena. Su familia ha señalado que el joven era un civil apenas mayor de edad, que no tenía ninguna relación con el grupo armado.
En la Defensoría del Pueblo…
— Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) September 25, 2026
La denuncia coincide con un comunicado dado a conocer en redes sociales por el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN). El grupo paramilitar negó que el joven Ricardo Andrés perteneciera a ese grupo criminal y expresó que no estaba armado. De igual forma, manifestaron que José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, fue asesinado por los militares, aunque se había rendido y estaba desarmado.
Organismos e instituciones como la Defensoría del Pueblo reclamaron a las autoridades competentes adelantar una investigación rigurosa que permita establecer qué ocurrió y garantizar los derechos de la familia del joven asesinado.

Donovan Balanta
El pasado 21 de septiembre, policías asesinaron al joven afrodescendiente Donovan Balanta cuando se encontraba bajo la custodia de los uniformados. Balanta tenía 34 años, era padre de dos hijos, trabajaba en una farmacéutica, estudiaba criminalística y vivía en el barrio Caracolí de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá. Entre 15 y 20 uniformados lo persiguieron, lo derribaron, lo golpearon, le aplicaron descargas eléctricas y lo torturaron. Tampoco lo auxiliaron cuando el joven pidió ayuda debido a las agresiones.
Con profunda preocupación recibimos la información sobre la muerte en custodia policial de Donovan Balanta, una persona afrodescendiente, de 34 años, en hechos ocurridos el 21 de septiembre.
De acuerdo con la Observación General 36 del Comité de Derechos Humanos de Naciones…
— ONU Derechos Humanos Colombia (@ONUHumanRights) September 25, 2026
La propia Policía Nacional suspendió a los uniformados y adelanta una investigación interna para determinar los hechos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) exhortó a las autoridades, en el caso de Donovan Balanta, a llevar a cabo una investigación exhaustiva por parte de la justicia ordinaria para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables.
Cuando tocan a uno de ELLOS hay conferencias de prensa y la preocupación es nacional y todos debemos ser solidarios y ponernos en luto, hasta lloramos por ellos.
Pero cuando matan a uno de NOSOTROS no hay justicia, los funcionarios están ocupados, no hay despliegue ni llamados… pic.twitter.com/pdjhAVHdPB
— Alí Bantú Ashanti (@bantuashanti) September 27, 2026
Esta no es la primera vez que la policía asesina a una persona durante una detención. El 9 de septiembre de 2020, la policía asesinó al abogado Javier Ordóñez, quien fue sometido a varios actos de violencia, que incluyeron descargas eléctricas con una pistola Taser en el barrio Villa Luz, de la localidad de Engativá en Bogotá.
CI FC/27/09/2026/12:00