El derecho a la vivienda es un principio rector de nuestra política económica y social. La fragilidad de su regulación constitucional contrasta con un hecho menos conocido: la vivienda pertenece a la categoría de los derechos mediales, es decir, es uno de esos bienes jurídicos que trascienden su contenido básico –en este caso el acceso a una vivienda digna y adecuada– e inciden directamente en el correcto ejercicio de otros derechos como la intimidad y la integridad física y psíquica. La innegable relevancia que tiene para la cohesión social y el logro de una vida digna lo convierten en una cuestión jurídica y política de primer orden.

Las propuestas procedentes del Derecho plantean dificultades técnicas y políticas considerables. La primera solución es la reforma constitucional del derecho a la vivienda y su conversión en un derecho subjetivo, con un contenido mínimo reconocible y dotado de mayor protección en sede judicial. Esta iniciativa, plausible, cuenta con dos inconvenientes no menores: los efectos de una reforma constitucional a corto plazo son limitados y el clima de polarización hace imposible el logro de los consensos exigidos.

Por el contrario, la ley de vivienda contiene una serie de innovaciones que pueden producir efectos positivos a corto y medio plazo. La declaración de zona tensionada, de competencia autonómica, es una de las iniciativas con que el legislador pretende combatir la especulación inmobiliaria en los entornos urbanos más apetitosos. Los resultados han sido modestos como consecuencia de un mal endémico de nuestra política nacional: la falta de cooperación entre administraciones. Todas las autonomías gobernadas por el Partido Popular han rechazado la puesta en marcha de la iniciativa bajo el argumento de desincentivar la oferta inmobiliaria. Allí donde se ha aplicado, como en Barcelona, ha tenido efectos ambivalentes: al tiempo que ha logrado contener los precios ha reducido la oferta de alquiler.

La otra gran novedad tiene que ver con la función social del artículo 33.2 de la Constitución española. El legislador ha aludido explícitamente que la función social de la vivienda como herramienta de limitación de las libertades inherentes a la propiedad privada inmobiliaria afecta al uso residencial. El objetivo inmediato pasa por incrementar la oferta de viviendas utilizando diferentes instrumentos coactivos: crear o incrementar impuestos, sanciones o activar el mecanismo de la expropiación del uso de la vivienda. La retirada de incentivos fiscales a los fondos de inversión o el incremento del IVA a los pisos turísticos (hoy día del 10%) son medidas que están en discusión y son competencia de la Administración central.

Si la Administración central tiene su cuota de responsabilidad, conviene recordar que son las autonomías y los ayuntamientos quienes poseen la mayoría de las competencias en materia de vivienda y ordenación del territorio. Incrementar la dotación de suelo disponible para la construcción de un parque de vivienda pública digno de tal nombre y agilizar las trabas burocráticas para armonizar los ciclos inmobiliarios con la creación de hogares son medidas impostergables de su exclusiva responsabilidad.

En definitiva, el desalojo de Maricarmen ha puesto en evidencia el fracaso del conjunto de las administraciones y ha terminado por colmar la paciencia ciudadana con una clase política incapaz de dar una respuesta a una crisis que afecta a millones de personas. Sin políticas que trasciendan medidas puntuales y la coordinación entre partidos y administraciones no habrá solución a un problema estructural que está tensionando las maltrechas costuras de nuestro modelo de bienestar.