La Xunta ha vuelto a convertir la vivienda en un pulso con el Gobierno central, esta vez para cuestionar los dos reales decretos aprobados este martes por el Consejo de Ministros. La conselleira de Vivenda e Planificación de Infraestruturas, María Martínez Allegue, los ha despachado como "humo" y como medidas "intervencionistas" que, según su criterio, generan inseguridad jurídica y pueden sacar viviendas del mercado. Ha calificado a los decretos nacidos a raíz del desahucio de Maricarmen Abascal en Madrid, hace menos de una semana, como "mentiras, si se me permite la expresión", un "refrito" de medidas ya intentadas anteriormente que "finalmente no fue convalidado en el Congreso de los Diputados", sostiene. Mientras reclama al Ejecutivo estatal que construya más, el propio Gobierno gallego admite que su ritmo de construcción tampoco fue el mismo durante buena parte de la última década.

Allegue critica que los decretos no incluyan, a su juicio, suficiente impulso a la construcción de vivienda pública ni incentivos para aumentar la protegida. "Lo mismo de siempre, promesas que son humo", resume la conselleira, acompañada del secretario xeral de Urbanismo, Heriberto García Porto, mientras acusa al Gobierno de Pedro Sánchez de aprobar medidas "totalmente improvisadas" y de recuperar fórmulas que ya habían sido planteadas anteriormente.

La Xunta contrapone a estas políticas su propio modelo, basado fundamentalmente en aumentar la oferta. Allegue asegura que Galicia tiene "4.000 nuevas viviendas de promoción pública en marcha" y enumera entre las actuaciones autonómicas la conversión de bajos comerciales en viviendas, la movilización de suelo, los alojamientos compartidos, la recuperación de edificios inacabados o las ayudas a los ayuntamientos para rehabilitar.

Durante la rueda de prensa celebrada este martes al mediodía como reacción al llamado "decreto Maricarmen", Allegue ha centrado buena parte de su intervención en las 183.000 viviendas que el Gobierno central anunció dentro de su plan estatal. Según la conselleira, "ni una sola de ellas ha sido ejecutada". Lamenta que el resultado de este último Consejo de Ministros no incentiva a "que el sector construya vivienda protegida" pese a que, ha defendido, es necesario "incrementar las viviendas en el mercado, tanto en venta como de alquiler".

La otra pata del discurso autonómico es la seguridad jurídica. Allegue sostiene que las medidas estatales de intervención sobre el alquiler pueden provocar que propietarios retiren viviendas del mercado y también ha echado en falta mecanismos para movilizar vivienda vacía.

En síntesis, la conselleira profirió que "llevan ocho años en el Ministerio de Vivienda y es un Gobierno central que supone un rotundo fracaso en la materia: ni una construida, y los precios siguen aumentando en más de un 20% desde enero de 2025, cuando prometieron ese plan de vivienda que no se ha cumplido en ninguna de sus partes", ha lamentado.

Sobre el problema de la vivienda ha sido preguntado también este martes el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, y su respuesta introduce un matiz relevante en el discurso triunfalista de la Xunta sobre las 4.000 viviendas actualmente en marcha. Preguntado por si el anterior Gobierno gallego, con Alberto Núñez Feijóo al frente, tardó en actuar, Calvo reconoció que ahora se ha ganado "ritmo". "No es el mismo que hace cinco años", admitió.

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La frase supone, al menos, el reconocimiento de que las cifras actuales de vivienda pública no se corresponden con el ritmo que tuvo la Xunta en años anteriores. Calvo ha defendido que el problema se ha agudizado y que no afecta únicamente a Galicia, pero ha evitado desvincularlo de la evolución de la propia política autonómica. El conselleiro ha situado además buena parte de la responsabilidad en la necesidad de aumentar la oferta y ha señalado directamente a los ayuntamientos quienes, bajo su criterio, "tienen mucho por hacer".

Fuente: El Correo Gallego