19/08/2026 a las 16:39h.

El Partido Socialista de Castilla y León (PSCyL) ha registrado en las Cortes una proposición no de ley (PNL) mediante la cual insta a la Junta de Castilla y León a aprobar, en un plazo máximo de seis meses, un Plan Especial de Industrialización y Competitividad de Burgos para el periodo 2027-2032. La iniciativa fue presentada este miércoles en rueda de prensa por el secretario de Organización del PSCyL, Daniel de la Rosa, y la secretaria general del PSOE de Burgos, Esther Peña.

Durante la presentación, los dirigentes socialistas remarcaron que Burgos se sitúa como uno de los principales motores económicos de la comunidad. Sin embargo, acusaron directamente a la Junta de Castilla y León de carecer de una «estrategia específica» para consolidar dicho liderazgo. «Jamás ha habido una estrategia del PP para Burgos y su industria, ni han desarrollado una política activa. Se caracterizan por dar la espalda a las iniciativas empresariales», recriminó Peña, añadiendo que «el simple hecho de ofrecer suelo ya no es suficiente, se necesita una labor institutional de promoción».

Debido a esta falta de impulso autonómico, los socialistas señalaron que han sido las administraciones locales, las entidades empresariales y los agentes económicos de la provincia quienes han tenido que asumir el protagonismo en la promoción del territorio y la atracción de inversiones. Desde el PSCyL subrayan que el Gobierno cuenta con competencias plenas en materia de industria, economía, empleo, innovación e internacionalización para liderar una estrategia integral. Por ello, exigen que el nuevo plan industrial cuente con una financiación suficiente garantizada en los próximos presupuestos de la Comunidad, destinada a captar proyectos industriales, modernizar el tejido productivo y generar empleo de calidad.

Como pilar ejecutivo de esta propuesta, el PSOE plantea la creación de una Oficina Permanente de Captación de Inversiones para Burgos, dependiente del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León (ICE) y coordinada con las entidades locales de promoción. Su cometido será detectar proyectos empresariales nacionales e internacionales, prestar acompañamiento administrativo integral, coordinar la disponibilidad de suelo e impulsar la presencia en ferias internacionales.

Asimismo, califican de «imprescindible» que la Junta declare como proyecto industrial prioritario la ampliación del Polígono Industrial de Villalonquéjar. Esto obligaría al Ejecutivo autonómico a cofinanciar las obras de urbanización, accesos e infraestructuras energéticas y de agua con el compromiso de poner a disposición del mercado nuevas parcelas antes de finalizar la presente legislatura.

Por otra parte, Daniel de la Rosa anunció el registro de otra iniciativa parlamentaria referente al Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, ubicado en la capital burgalesa. La PNL exige que la Presidencia de su patronato comparezca con periodicidad anual en las Cortes autonómicas para dar cuenta de su gestión y actividades.

De la Rosa afirmó que durante su mandato como alcalde de Burgos comprobó «importantes carencias desde el punto de vista del control, la transparencia, la gestión y el cumplimiento de los objetivos» del organismo. El dirigente socialista criticó que la entidad haya perdido capacidad de dirección y carezca de gerencia tras 24 años de trayectoria. En consecuencia, el PSOE solicita formalmente la ejecución de una auditoría externa e independiente sobre los últimos diez años de gestión para fiscalizar su presupuesto, programas y órganos de gobierno.

En el ámbito económico regional, el secretario autonómico de Organización presentó también una propuesta para frenar la sangría de trabajadores por cuenta propia en la Comunidad. La PNL demanda a la Junta una línea de ayudas destinada a subvencionar el inicio y mantenimiento de la actividad de los autónomos que no queden cubiertos por la tarifa plana estatal o por las bonificaciones de la Seguridad Social.

De la Rosa alertó de que Castilla y León perdió 1.145 autónomos solo en el primer trimestre de 2026, acumulando un descenso de 8.621 afiliados en los últimos seis años (-4,7% desde 2020, frente al crecimiento del 6,2% registrado en el conjunto de España). Las medidas contemplan subvenciones directas, apoyo al medio rural e incentivos fiscales para autónomos en municipios pequeños.