Sumar ha elevado el tono con su socio de Gobierno ante la crisis de vivienda y después de las movilizaciones que se produjeron este miércoles en varias ciudades de España por el desahucio de Maricarmen, una vecina madrileña de 87 años, de la casa en la que ha vivido 70 años. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha exigido que el próximo martes se apruebe el decreto ley de vivienda que llevan meses negociando y que se incluya en la norma la expropiación del piso de Maricarmen. Una reclamación que han compartido el resto de ministros del espacio.

"El próximo martes el Consejo de Ministros debe aprobar la expropiación de la vivienda de Maricarmen y un paquete para congelar los alquileres, como pedimos desde Sumar. Sí o sí", ha publicado Díaz en la red social Bluesky. Un mensaje muy similar al que ha compartido el ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy: "La expropiación de la vivienda de Maricarmen y el Real Decreto-ley de Vivienda. El martes en el Consejo de Ministros. Sí o sí".

Desde Barcelona, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha asegurado que ya están "dialogando" tanto con el PSOE como con los grupos de la oposición para que el decreto sea aprobado el martes en el Consejo de Ministros y cuente con el apoyo suficiente para ser convalidado en el Congreso. "El Gobierno debe estar a la altura del clamor de la calle", ha sostenido, además de dejar caer que si hubiera estado en vigor Maricarmen no habría sido desahuciada. A la espera de la expropiación que han reclamado para que pueda volver a su casa, ha asegurado que la anciana debería ser acogida en Casa 47, la entidad estatal de vivienda dependiente del Ministerio de Vivienda.

Urtasun ha quitado sordina al emplazamiento que hizo la exalcaldesa Ada Colau este miércoles para que Sumar rompa la coalición si no se actúa contra los fondos buitre. El ministro ha puesto el foco en la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que ha acusado de no asumir la responsabilidad de ofrecer una alternativa habitacional y ha tachado de "psicópata social", informa Sara González.

La portavoz parlamentaria de Sumar, Verónica Martínez, ha dado por hecho que será el próximo martes cuando se apruebe el texto en el Congreso ya que "el PSOE no puede seguir desoyendo esta cuestión". Así, ha reclamado que en la norma se incluya la prórroga de los alquileres, una medida que se intentó impulsar en abril pero cayó a manos de PP, Vox y Junts; la paralización de los desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, que tumbó la misma mayoría en dos ocasiones a comienzos de años; y evitar que "los fondos buitres sigan jugando" con los barrios.

"La gente, ayer, gritaba, se desesperaba y hasta lloraba. La gente se quejaba contra [Isabel Díaz] Ayuso, por supuesto, pero también contra el Gobierno de coalición por no hacer lo que tenemos que hacer. La gente lo que necesita es saber a quién encomendarse. [...] El Gobierno de coalición y el PSOE tiene que estar a la altura y mostrar la valentía que hasta ahora no ha mostrado en materia de vivienda", ha denunciado en una entrevista en TVE. Posteriormente, ha asegurado que no existe otra opción a que el Consejo de Ministros apruebe la norma la próxima semana y ha recordado que ya pusieron "pie en pared" hace meses cuando el PSOE se negó a impulsar la prórroga de los alquileres.

Entre los socios parlamentarios del Ejecutivo también se está elevando la tensión. "Creemos que gracias a la presión y movilización social se vuelve a abrir una oportunidad, existe una oportunidad para tomar las medidas necesarias que aún no se han tomado y que sirvan para frenar estos desahucios", ha aseverado el diputado de EH Bildu, Oskar Matute, que ha urgido a "acordar una serie de medidas que protejan a la gente y faciliten el acceso a la vivienda". Aun así, ha admitido ser consciente de "las posiciones enfrentadas" que existen dentro de la Cámara Baja, por lo que ha asegurado que aceptarán que el posible decreto ley no comle todas sus "aspiraciones ni exigencias" y que tendrán que aceptar cuestiones que no compartan.

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El principal problema, y sobre eso ha sido cuestionado, es lograr un entendimiento con Junts, la formación que se ha desligado del bloque de la investidura en todas estas ocasiones para votar junto a PP y Vox. Los posconvergentes exigen distintas deducciones fiscales para los propietarios de viviendas que alquilen y agilizar los procesos de desahucio, lo que resulta incompatible con algunas de las peticiones que hacen desde la izquierda.

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