Una valla y unas grandes telas opacas impiden ver qué ocurre al otro lado del camino perimetral de la partida La Pila de Altea. Solo una puerta permite acceder al recinto. Detrás de ella, en una parcela situada junto a la margen izquierda del río Algar y a escasos metros de la AP-7 y de la estación depuradora, se ha ido formando durante el último año un asentamiento que ha provocado el malestar de los vecinos de la zona.

Casas prefabricadas, caravanas, auto-caravanas y otras instalaciones ocupan el interior de un espacio que permanece prácticamente oculto desde el exterior. Los vecinos calculan que allí viven alrededor de una veintena de personas y aseguran que el asentamiento “ha ido creciendo progresivamente”.

La preocupación no se limita a la presencia de las construcciones. Quienes viven en las inmediaciones denuncian ruidos, fiestas y acumulación de residuos y escombros en el entorno. Algunos han comenzado a recoger firmas para trasladar formalmente sus quejas al Ayuntamiento. El conflicto tiene además una vertiente urbanística: el Ayuntamiento de Altea confirma que existen expedientes de disciplina urbanística relacionados con estas implantaciones y asegura que está actuando para impedir que sigan creciendo.

Otra zona del asentamiento que los vecinos de La Pila de Altea consideran ilegal. / Diego Coello Calvo

La particular configuración del recinto dificulta comprobar desde el camino qué ocurre en su interior. La parcela está cerrada y las telas que cubren la valla funcionan como una pantalla que impide observar las instalaciones.

Para fotografiar el asentamiento ha sido necesario hacerlo desde una de las vallas perimetrales y desde la terraza de una vivienda próxima donde se aprecia la presencia de diferentes construcciones y vehículos. Los vecinos sostienen que hace aproximadamente un año comenzaron a aparecer las primeras instalaciones y que desde entonces se han ido sumando nuevas viviendas prefabricadas, caravanas y auto-caravanas.

“Cada vez hay más”, explica uno de los vecinos consultados, que asegura que en la zona “se montan fiestas y se deja basura fuera del recinto”. También hablan de una situación que consideran “insalubre por la presencia de residuos y escombros”. Estas afirmaciones corresponden a las denuncias vecinales y no han podido ser verificadas de forma independiente.

Una de las casas prefabricadas instaladas en el asentamiento de la partida La Pila de Altea. / Diego Coello Calvo

El concejal de Urbanismo, Jose Orozco, ha confirmado este miércoles que el Ayuntamiento tiene “expedientes de infracción urbanística en la zona siguiendo su curso” y cifra en alrededor de veinte “los expedientes de disciplina urbanística abiertos en el entorno de Sogai desde 2025”.

Según Orozco, los procedimientos incluyen “órdenes de suspensión y demolición de aquello que se haya implantado ilegalmente, la comunicación de las actuaciones al Registro de la Propiedad y al Catastro y, cuando existen suministros, actuaciones para cortar el agua y la electricidad y comunicarlo a las compañías con el objetivo de impedir nuevas altas”.

Asentamiento que los vecinos de La Pila de Altea consideran ilegal. / Diego Coello Calvo

Además, ha afirmado que el Ayuntamiento “está aplicando también multas coercitivas y las correspondientes sanciones”. Orozco es tajante respecto a la intención municipal: “Vamos a ir a por ellos”, asevera, aunque insiste en que la Administración “debe respetar los tiempos y las garantías del procedimiento. Les tienes que dar audiencia, ir allí, hacer inspecciones, etc., explica.

El concejal ha señalado que algunas instalaciones “ya han sido retiradas como consecuencia de las actuaciones municipales” y que las multas coercitivas “están permitiendo avanzar en determinados casos”. En este sentido, ha manifestado que este tipo de sanciones “puede resultar suficiente para que sean retiradas las auto-caravanas”. Sin embargo, cuando se trata de construcciones que requieren una actuación mayor, “el Ayuntamiento puede plantear una ejecución subsidiaria”, aunque reconoce que se trata de una solución “más costosa para las arcas municipales”.

La vegetación impide ver claramente las viviendas prefabricadas del asentamiento de La Pila en Altea. / Diego Coello Calvo

Los terrenos donde se ha producido este fenómeno forman parte, según explica el concejal, del ámbito de lo que fue el proyecto urbanístico “Los Puentes del Algar”. Orozco ha asegurado que desde hace un tiempo “el Ayuntamiento ha detectado movimientos en estos terrenos con la instalación de casas prefabricadas, caravanas y auto-caravanas”.

El concejal sostiene además que existe “una persona identificada” que estaría “ofreciendo o comercializando” estos espacios “como si fueran pequeñas viviendas”. Se están vendiendo como si fuesen pequeños chalets”, afirma.

Jose Orozco ha manifestado que Urbanismo “considera especialmente preocupante esta circunstancia porque podría favorecer la aparición de nuevas instalaciones”. Por ello, la intención municipal es “actuar sobre las construcciones existentes y evitar que el fenómeno continúe extendiéndose”.

Por otro lado, el concejal ha anunciado la novedad más relevante: la posibilidad de trasladar determinados expedientes al Ministerio Fiscal “para que se valore si los hechos pudieran ser constitutivos de un delito contra la ordenación del territorio”. Orozco califica esta actuación de “excepcional” y ha asegurado que el Ayuntamiento “ya está trabajando en esta dirección. Por ahora, se trata de una posibilidad que debe seguir su correspondiente tramitación y cuya valoración correspondería, en su caso, a la Fiscalía y posteriormente a los órganos judiciales competentes”, ha apostillado.

Casas prefabricadas ubicadas dentro del recinto de la partida La Pila de Altea que dicen ilegal. / Diego Coello Calvo

Durante la visita al asentamiento este martes, uno de los hombres que se encontraban en el interior accedió a responder brevemente a las preguntas de este periódico. Estaba trabajando en un pequeño huerto cuando fue abordado. Se le trasladaron las quejas de los vecinos sobre la situación del asentamiento, los ruidos y la supuesta falta de legalidad de las instalaciones, así como la existencia de expedientes municipales. Su respuesta fue que llevaba poco tiempo allí y que desconocía esos hechos.

“Yo llevo aquí poco tiempo y no sé nada de lo que dices”, manifestó. No quiso realizar más declaraciones, por lo que no ha sido posible conocer la versión de los residentes sobre las condiciones en las que ocupan los terrenos o si existe algún tipo de acuerdo o autorización.

Otro rincon del asentamiento que los vecinos de La Pila de Altea consideran ilegal. / Diego Coello Calvo

Respecto a las protestas vecinales, Orozco asegura que el Ayuntamiento conoce “la existencia de algunas quejas”, aunque las califica de “muy esporádicas”. También afirma que tiene conocimiento de que los vecinos están recogiendo firmas, pero precisa que estas “todavía no han llegado al Registro Municipal”.

El concejal asegura igualmente que no tiene constancia de que exista “una asociación de vecinos que haya solicitado una reunión con Urbanismo”. A su juicio, ese contacto “permitiría explicar a los afectados las actuaciones que ya se están desarrollando y reducir la preocupación existente”.

Mientras tanto, tras las telas opacas que ocultan el interior del recinto, la vida continúa. Un pequeño huerto, viviendas prefabricadas, caravanas y vehículos ocupan un espacio que hasta hace poco pasaba prácticamente desapercibido y que ahora se ha convertido en un nuevo foco de preocupación para los vecinos de La Pila.

Valla cubierta de telas para evitar las miradas indiscretas en el asentamiento de La Pila de Altea. / Diego Coello Calvo

Los terrenos tienen detrás una larga historia urbanística. Formaron parte del ámbito del proyecto “Los Puentes del Algar”, una de las grandes operaciones planteadas en Altea durante los primeros años del siglo XXI.

El proyecto llegó a contar con la aprobación definitiva del Plan Parcial del sector RS-11 en 2006, aunque su desarrollo quedó condicionado por cuestiones relacionadas con la protección del entorno del río Algar. La documentación municipal recoge que el Tribunal Supremo dictó el 10 de mayo de 2013 una sentencia que anuló el Plan Parcial del sector.

La dimensión de aquella operación era muy diferente de la realidad actual. Las informaciones publicadas entonces hablaban de un macroproyecto con miles de viviendas, campo de golf, establecimientos hoteleros y grandes áreas comerciales en el entorno del río Algar. Lo que estaba llamado a transformar urbanísticamente esta zona nunca llegó a materializarse. Más de una década después, en terrenos vinculados a aquella operación, han aparecido pequeñas construcciones, caravanas y auto-caravanas que ahora son objeto de expedientes de disciplina urbanística.

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La historia ha dado así un giro completo: de un gran proyecto residencial junto al Algar a un asentamiento que Urbanismo intenta ahora impedir que siga creciendo.

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