El presidente Juan Moya plantea una norma para facilitar el relevo generacional y Rocío Blanco recoge el testigo desde la Junta de Andalucía
Radiografía de la empresa familiar andaluza: fortalezas y asignaturas pendientes
La empresa familiar andaluza quiere contar con una legislación específica que reconozca sus particularidades y contribuya a garantizar la continuidad de estas compañías entre generaciones. El presidente de la Asociación Andaluza de la Empresa Familiar, Juan Moya, anunció este jueves que la organización está trabajando para promover una proposición de ley de apoyo y fomento de la empresa familiar de Andalucía, una iniciativa que situó como uno de los principales objetivos de la nueva etapa de la entidad.
Moya dio a conocer la propuesta durante la gala celebrada en el Hotel Alfonso XIII de Sevilla con motivo del 25 aniversario de la asociación. Su planteamiento pasa por desarrollar una norma que atienda los problemas específicos derivados de la convivencia entre propiedad, familia y gestión empresarial y que facilite que estos proyectos puedan mantenerse en el tiempo.
La intención de la asociación es que la futura legislación ayude especialmente en cuestiones como el relevo generacional, la profesionalización de la gestión, la formación, la innovación, la digitalización y la sostenibilidad. Moya recalcó que la iniciativa no pretende conseguir privilegios para estas compañías ni vincularse a unas determinadas siglas políticas, sino alcanzar un consenso que permita proteger su continuidad.
El anuncio encontró además respuesta durante el propio acto. La consejera de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Rocío Blanco, recogió el testigo lanzado por Moya y aseguró que el Gobierno andaluz comenzará a trabajar en esa dirección. “Vamos a empezar a preparar esa primera Ley de Empresa Familiar”, afirmó durante su intervención, vinculando la iniciativa al reconocimiento institucional y social de unas compañías que definió como la “columna vertebral” del tejido productivo andaluz.
La propuesta se encuentra, por tanto, en una fase todavía inicial. Moya plantea el impulso de una proposición de ley desde la asociación y Blanco ha mostrado la disposición del Ejecutivo autonómico a recoger esa propuesta y comenzar a trabajar sobre ella, sin que por el momento se haya concretado su contenido normativo ni posibles medidas fiscales.
Precisamente la fiscalidad apareció entre los retos que la consejera considera pendientes. Blanco habló de una fiscalidad “altísima” y de elevados costes de Seguridad Social, a los que sumó el absentismo laboral, la profesionalización de la dirección y el relevo generacional. Este último asunto también fue señalado por Moya como uno de los principales desafíos de las familias empresarias, que deben planificar con anticipación cómo se producirá el paso de una generación a la siguiente.
El presidente de la asociación justificó la necesidad de avanzar hacia un marco específico por el peso que este modelo tiene en Andalucía. Según las cifras expuestas durante su intervención, la comunidad cuenta con más de 230.000 empresas familiares, que generan más de dos millones de empleos, alrededor de 120.000 millones de euros de valor añadido y representan más del 92% del tejido empresarial.
Para Moya, su singularidad se encuentra también en una visión de largo plazo que lleva a muchas de estas compañías a mantener inversiones, empleo y actividad ligados a sus territorios durante generaciones. La asociación ha situado precisamente la continuidad generacional, la profesionalización y la competitividad entre sus principales líneas de trabajo desde su creación.
La iniciativa andaluza tendría además un precedente reciente. La Comunidad de Madrid cuenta desde el pasado 1 de julio con su propia Ley de Apoyo a la Empresa Familiar. En aquel caso, la norma se centra especialmente en facilitar el relevo generacional mediante ventajas fiscales en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, elevando hasta el 99% determinadas reducciones vinculadas a la transmisión de empresas y participaciones familiares.
La reivindicación de una normativa propia marcó así la celebración de los 25 años de la organización andaluza, que aprovechó el aniversario para reivindicar el peso económico de estas compañías, pero también para situar su continuidad como uno de los retos centrales de los próximos años.