El próximo 22 de octubre comenzará en la Audiencia Provincial de Almería el juicio con jurado popular contra Hamid M., el único investigado por la muerte violenta de Antonio Campos, el funcionario de 54 años del Ayuntamiento de El Ejido cuyo cuerpo sin vida fue hallado en el interior de su coche a finales de septiembre de 2025. Fuentes judiciales han confirmado la fecha de esta esperada vista oral, en la que los ciudadanos deberán dirimir la culpabilidad del procesado frente a las dispares versiones que sostienen las partes.

De cara al juicio, la Fiscalía Provincial solicita penas que suman 22 años de prisión para el joven de origen marroquí. En su escrito de calificación provisional, el Ministerio Público le acusa de un delito de asesinato con alevosía, por el que pide 18 años de cárcel e inhabilitación absoluta, y de un delito de robo de uso de vehículo a motor con empleo de violencia e instrumento peligroso, que suma otros cuatro años. Además, reclama 350.000 euros en concepto de indemnización por daños morales para la madre y los dos hermanos de la víctima.

Por su parte, la acusación particular, ejercida por la familia del fallecido a través del abogado Antonio Relaño, eleva su petición hasta los 28 años de cárcel. El letrado considera que concurren las circunstancias agravantes de alevosía y ensañamiento, por lo que solicita 24 años por el asesinato agravado, manteniendo la petición de cuatro años adicionales por la sustracción del turismo.

Según el relato de la Fiscalía, la noche del 27 de septiembre de 2025, Antonio Campos y el investigado se citaron tras contactar a través de una red social "-con la finalidad de tener un encuentro sexual-". Ambos se desplazaron en el vehículo del finado hasta un camino oculto entre invernaderos situado en el paraje costero de Punta Entinas-Sabina.

El Ministerio Público sostiene que, sobre las 02:00 de la madrugada, el acusado perpetró un ataque "de forma totalmente sorpresiva para asegurarse que no opondría resistencia". Para ello, utilizó un bloque de hormigón de grandes dimensiones con el que golpeó repetidamente la cabeza de la víctima, causándole fracturas craneales letales y múltiples contusiones. El informe definitivo de la autopsia corroboró esta versión, indicando que el funcionario careció de capacidad de defensa, sin que se hallaran restos genéticos indicativos de un forcejeo bajo sus uñas.

Tras consumar el crimen, el escrito del fiscal detalla que Hamid M. ató a la víctima de pies y manos por la espalda con un plástico de invernadero y la introdujo en el maletero. A continuación, condujo durante horas con el cuerpo oculto hasta estacionar el coche de forma definitiva sobre las 15:00 horas del día 28 en la calle Mirasol de la barriada de San Agustín. La Policía descubrió allí el cadáver pasada la medianoche del 29 de septiembre.

Esta reconstrucción de los hechos contrasta con la versión que el propio acusado ofreció ante el juez instructor el pasado mes de julio, cuando decidió romper su silencio. En sede judicial, Hamid M. aseguró que el fatal desenlace se produjo tras una fuerte discusión motivada por las prácticas que iban a realizar. Afirmó que se puso muy nervioso, agarró a la víctima por el cuello y le propinó tres golpes en la cabeza con una piedra de forma "instintiva". Asimismo, justificó que le colocó los plásticos para inmovilizarlo y llevarlo a un hospital, pero que se "quedó en blanco" y se limitó a dar vueltas con el coche.

Para garantizar el castigo, la Fiscalía ha interesado expresamente que no se conceda al encausado el tercer grado hasta que cumpla al menos la mitad de la condena. Igualmente, solicita que las penas privativas de libertad sean sustituidas por la expulsión del territorio nacional durante diez años una vez que el procesado acceda al tercer grado o a la libertad condicional. Hamid M. permanece en prisión provisional, comunicada y sin fianza desde el 3 de octubre de 2025 a la espera de sentarse en el banquillo.