Según ha informado este viernes la Policía Nacional en un comunicado oficial, la primera operación culminó con la detención de cuatro personas, dos en Ceuta y otras dos en La Línea de la Concepción (Cádiz). A los arrestados se les imputan delitos de organización criminal y favorecimiento de la inmigración irregular. En la segunda investigación, los agentes detuvieron a un hombre como presunto integrante de una estructura similar, quien posteriormente fue enviado a prisión provisional por orden judicial.

Las investigaciones policiales pusieron al descubierto la sofisticada operativa de redes especializadas en el traslado ilegal de personas en situación irregular, que aprovechaban la ruta marítima entre la ciudad autónoma y la costa gaditana para burlar los controles fronterizos establecidos.

Operativa de la primera red desmantelada

La primera investigación detectó la actividad de una organización que operaba entre Ceuta y La Línea de la Concepción. Esta estructura criminal trasladaba embarcaciones de pequeño calado desde la costa gaditana hasta la ciudad autónoma con el objetivo de recoger a personas en situación irregular y transportarlas posteriormente hasta territorio peninsular.

Las pesquisas se iniciaron tras el hallazgo de una embarcación tipo lancha rápida encallada en un saliente rocoso de la zona costera de Benzú, en Ceuta. La inspección técnica determinó que la nave podría haber sido utilizada recientemente para actividades de tráfico de personas, al presentar signos y daños compatibles con una navegación a alta velocidad, aunque finalmente no llegó a transportar migrantes debido a su encallamiento.

Los integrantes de esta organización se valían de intermediarios encargados de captar a personas en situación irregular, especialmente procedentes de asaltos masivos a nado a las vallas fronterizas. A estas personas les ofrecían su traslado desde Ceuta hasta la península a cambio de una cantidad aproximada de 9.000 euros por trayecto.

Los migrantes permanecían alojados en domicilios, garajes u otros lugares de espera hasta que eran trasladados al punto de encuentro con la embarcación. La organización utilizaba vehículos de apoyo con los que realizaba los desplazamientos de manera discreta, tratando de evitar las zonas de vigilancia policial y los controles de seguridad establecidos en la ciudad autónoma.

Sistema de travesías nocturnas y pilotos especializados

Una vez que la embarcación llegaba desde la península, se procedía al embarque y al inicio de la travesía marítima hacia territorio peninsular. Allí, otros integrantes del grupo se encargaban de la recepción y posterior dispersión de los migrantes en diferentes puntos para dificultar su localización por parte de las autoridades.

La organización también contaba con personas encargadas de pilotar las embarcaciones, a las que los responsables abonaban cantidades elevadas de dinero por sus servicios. Los pilotos eran cuidadosamente seleccionados por su experiencia en navegación rápida y su capacidad para efectuar maniobras evasivas y sortear los controles policiales marítimos en el Estrecho de Gibraltar.

Esta selección especializada permitía a la red minimizar los riesgos de detección durante las travesías, que se realizaban preferentemente durante la noche y aprovechando condiciones meteorológicas adversas que dificultaban la vigilancia de las autoridades competentes.

Segunda operación: travesía con siete migrantes

En una segunda investigación desarrollada de forma paralela, los agentes esclarecieron la presunta participación de un hombre en una travesía marítima realizada el pasado 14 de agosto. En esta operación, siete personas fueron trasladadas desde Ceuta hasta la costa peninsular en una embarcación de reducidas dimensiones y sin las condiciones mínimas de seguridad exigibles.

Los siete ocupantes fueron interceptados alrededor de las cuatro de la madrugada en una zona de playa conocida como El Burgo, en La Línea de la Concepción. Los migrantes habían permanecido aproximadamente cinco horas en el mar y habían recorrido cerca de 40 kilómetros desde Ceuta en condiciones extremadamente peligrosas.

Un testigo reveló durante las diligencias que el organizador cobraba 8.000 euros por persona por gestionar traslados ilegales desde Ceuta. Con esta tarifa, obtenía un beneficio estimado de 56.000 euros en un solo trayecto con siete ocupantes, lo que evidencia el elevado rendimiento económico de esta actividad delictiva.

Condiciones de extremo peligro durante la travesía

Los pasajeros viajaban hacinados en una embarcación de cinco metros de eslora y dos de manga, sin medidas de seguridad adecuadas. Los investigadores constataron igualmente la ausencia de chalecos salvavidas, la carencia de medios adecuados de señalización y salvamento, y la presencia de personas con poca o nula capacidad para nadar.

El viaje se realizó íntegramente durante la noche, con pasajeros aproximadamente cinco horas en el mar, recorriendo cerca de 40 kilómetros en aguas abiertas desde Ceuta hasta la costa peninsular. Según las manifestaciones de los testigos, durante el trayecto se registró una intensa niebla que dificultaba la navegación y reducía considerablemente las posibilidades de ser localizados por otras embarcaciones en caso de emergencia.

Las condiciones meteorológicas adversas, el estado precario de la embarcación y la ausencia de medios de seguridad incrementaron notablemente el peligro durante la travesía. La Policía señala que los pasajeros tuvieron que soportar el frío provocado por las ropas mojadas y la entrada constante de agua y oleaje en la embarcación, lo que ponía en riesgo su supervivencia.

Situación legal de los detenidos

El detenido en la segunda operación fue enviado a prisión provisional por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las autoridades investigan igualmente la posible concurrencia de circunstancias agravantes relacionadas con el ánimo de lucro, la situación de especial vulnerabilidad de las víctimas y el peligro para su vida, salud o integridad física.

Los cuatro arrestados en la primera operación permanecen a disposición de la autoridad judicial, que debe determinar las medidas cautelares aplicables mientras se desarrolla la instrucción del procedimiento. Las investigaciones continúan abiertas para identificar a posibles colaboradores y desmantelar completamente ambas estructuras criminales.