La crisis migratoria en Ceuta sigue siendo el principal tema de debate en la esfera política. Prueba de ello es la última solicitud del Partido Popular en busca de una nueva normativa que evite la entrada masiva de migrantes.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, se ha sumado a las demandas del presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, reclamando un nuevo marco legal que permita responder de forma automática ante entradas masivas de migrantes por la frontera.

Rollán, que ha sido recibido por Vivas en la sala noble del Palacio Autonómico de Ceuta, ha abogado por una revisión del marco normativo para dotar al Estado de herramientas con las que articular los retornos de quienes han accedido en territorio nacional de manera irregular, y devolver la "normalidad" a la ciudad autónoma.

El objetivo no es otro que garantizar una respuesta rápida y contundente gracias a un marco jurídico "con garantías".

En declaraciones para los medios, Juan Jesús Vivas ha lamentado la actuación del Ejecutivo. "El Gobierno no ha estado a la altura de lo que ha ocurrido", ha expresado. Por ello, el presidente ha solicitado nuevos mecanismos para acelerar las expulsiones.

Por su parte, tras ser preguntado sobre la posibilidad de implicar a las instituciones europeas, el presidente del Senado ha insistido en que lo ocurrido en Ceuta no puede analizarse exclusivamente desde la perspectiva de una crisis humanitaria.

Una de las grandes demandas del presidente ceutí es la devolución inmediata de todo migrante que haya accedido de manera irregular en circunstancias excepcionales. Todo para, según explica, garantizar que la seguridad de las fronteras españolas no dependa de terceros y con la obligación de impedir que la presión migratoria pueda ser utilizada para "vulnerar la integridad territorial de España".

Asimismo, Vivas ha reclamado una mayor presencia del Estado en Ceuta, el fortalecimiento del anclaje de la ciudad en la Unión Europea, un plan de inversiones en infraestructuras y vivienda y medidas para apoyar al tejido productivo y corregir los déficits estructurales de la Hacienda local.