Comodoro Rivadavia, la ciudad en la que nací, es el primer caso argentino de cómo funciona una transición energética sin reglas. Mientras nuestro país celebra el superávit energético, la ciudad que vio nacer y crecer la industria petrolera argentina enfrenta un desafío para el que no se preparó: el costo social, ambiental e institucional de un modelo que no planificó el día después del petróleo.

Vivimos uno de los momentos más prometedores de nuestra historia energética reciente. Después de años de déficit, volvimos a registrar un importante superávit comercial, gracias a la recuperación de YPF y sus consecuencias sobre el desarrollo y las inversiones en Vaca Muerta. La producción energética se presenta como una de las principales apuestas para estabilizar la economía y generar las divisas necesarias para el desarrollo argentino.

Sería un error minimizar ese proceso. Vaca Muerta es, efectivamente, una oportunidad extraordinaria para nuestro país bajo determinadas condiciones. Justamente por eso es que hay que hacerse ahora, cuando todavía no es tarde, una pregunta incómoda: ¿quién paga el costo del éxito de Vaca Muerta?

Mientras celebramos las buenas perspectivas energéticas, en mi ciudad —Comodoro Rivadavia— aparecen señales que deberían preocuparnos. No solo a mis vecinos y vecinas: a los argentinos en general. Solo por mencionar algunos datos de nuestra provincia: dentro del ejido urbano existen más de 6.000 pozos, de los cuales 1.700 permanecen inactivos, unos 3.700 fueron abandonados y entre 4.000 y 5.000 presentan deficiencias de sellado. Al menos 110 se identificaron en condición crítica. Por el cierre de la cuenca convencional, desaparecieron más de 7.000 empleos directos y, considerando proveedores, comerciantes y servicios, el impacto supera ampliamente los 35.000 puestos de trabajo afectados.

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Esos números cuentan una historia: la de una provincia, y un país, que está haciendo su transición energética sin reglas ni planificación alguna. Cegados por el corto plazo, ni la Nación ni la provincia planificaron algo tan elemental como un fondo específico destinado a la remediación ambiental para paliar los efectos de una actividad que extrae los recursos y abandona el territorio cuando termina.

Insisto: el problema no es Vaca Muerta. No es la exploración ni la explotación petrolera. Argentina necesita producir más energía, exportar más hidrocarburos y aprovechar una oportunidad excepcional para fortalecer su economía. El desarrollo del shale neuquino posiblemente constituya la principal plataforma de crecimiento para nuestro país durante las próximas décadas. Las inversiones realizadas, y las nuevas por venir, son una buena noticia para un país que necesita crecer, desarrollarse y distribuir esas ganancias.

Si no estamos discutiendo la necesidad de esas inversiones, sí al menos podemos poner algo de luz sobre las formas en las que se abandonan los lugares cuando dejan de ser rentables. Nosotros, como patagónicos, conocemos esa historia. Comodoro Rivadavia lo sabe mejor que nadie: es la ciudad en la que nació y creció YPF. Durante muchas décadas, para nosotros, YPF fue más que una empresa petrolera. Era la encargada de urbanizar, de generar empleo, de promover la infraestructura y hasta de organizar el territorio. Fue la encargada de generar una identidad obrera y petrolera que marcó generaciones, hasta el día de hoy. Comodoro hizo a YPF e YPF hizo a Comodoro.

Y un día se terminó. La ciudad que ayudó a construir buena parte del desarrollo energético argentino enfrenta hoy, prácticamente en soledad, el final de ese ciclo. Como país —gracias a YPF, a las universidades públicas, al enorme talento local— hemos aprendido colectivamente cómo abrir pozos petroleros. Pero no aprendimos, aún, a cerrarlos.

Por eso, incluso desde una lógica puramente económica, la decisión de YPF de concentrar todas sus inversiones en Vaca Muerta resulta incomprensible. Pero, supongamos que tuviera algún criterio de racionalidad y fuera necesario hacerlo. Aun así, el Estado nacional tiene la responsabilidad de producir una salida ordenada para que nadie se quede atrás. Porque, vuelvo a insistir, no "se va una empresa". Se va la empresa que hizo a Comodoro y queda, en soledad, la ciudad que hizo a YPF.

Confío en que tenemos el talento para hacer mejor las cosas. Si aprendimos a otorgar concesiones, a atraer inversiones, a administrar regalías y promover exportaciones, estoy convencido de que podemos construir un régimen moderno para administrar el final de la explotación petrolera. No es solamente un problema ambiental: es también urbano, sanitario, económico e institucional. Incluso, de comunidad y de identidad compartida.

El gran desafío no es solamente transformar los dólares de Vaca Muerta en desarrollo para toda la Argentina. La experiencia de Comodoro Rivadavia nos obliga a dar un paso más allá. Nuestra ciudad cuenta la historia del pasado petrolero argentino. Pero también representa el futuro de cualquier territorio cuya economía dependa de sus recursos naturales y no planifique ni establezca las reglas para administrar el final de su explotación.

Claro que queremos el éxito de Vaca Muerta. ¿Quién pensaría lo contrario? Pero ninguna política energética puede considerarse verdaderamente exitosa si el costo de ese éxito cae, exclusivamente, sobre los territorios que hicieron posible esa historia.

Cuando la explotación termina las ganancias se van y los inversores encuentran nuevos destinos. En los territorios, los que no nos vamos a ningún lado nos quedamos con los pasivos ambientales.

No quiero proponer un debate teórico sino uno muy concreto y práctico.

(*) Diputado de La Nación (Unión por la Patria)