Una mujer de Tumaco denunció hace dos años haber sido víctima de trata de personas en su municipio. De otro lado, Karen*, residente en Miami, aseguró que su propio esposo la sometió a situaciones que terminaron con su encarcelamiento y la separación de sus hijos. Ambas historias reflejan una realidad similar a la de Sonia*, quien vivía en Taiwán y denunció que la empresa para la que trabajaba le retuvo sus documentos; o a la de Maritza*, que decidió informar a las autoridades chilenas quiénes eran los responsables de la violencia que sufría. Aunque fue incluida en un programa de protección de testigos, presuntas fallas del sistema la obligaron a regresar a Colombia, exponiendo nuevamente su vida.

Como ellas, hay cientos de mujeres y hombres que hacen parte de una radiografía marcada por los malos tratos, las violaciones de derechos y otros abusos que, en los dos últimos años, han aumentado de manera acelerada. La trata de personas casi se duplicó al pasar de 264 reportes en 2023, a 435 el año pasado. Ese incremento del 85,9 por ciento mantiene en alerta a las autoridades, que hoy reciben, tanto en el exterior como en el territorio nacional, hasta dos reportes al día de personas que piden ayuda.

Trata de personas. Foto:Archivo El TIEMPO

Las cifras del Ministerio del Interior, conocidas por EL TIEMPO, reflejan la dimensión del fenómeno. El año pasado se registró el mayor número de casos reportados en la última década. En 2024 se contabilizaron 416; en 2023 fueron 264; en 2022 hubo 161, y desde ese punto hacia 2016 las cifras muestran una tendencia descendente.

Un investigador especializado en la identificación de casos de trata de personas explicó a este diario que el incremento de los últimos años responde principalmente a dos factores. El primero está relacionado con el aumento de víctimas en el exterior tras la pandemia. “Es el viaje que se hace a otro país en el que, por lo general, mujeres son explotadas sexualmente con prostitución. Los viajes son voluntarios y con buenas ofertas, pero el consentimiento no exime de la responsabilidad”, dijo.

Las denuncias son canalizadas a través del Centro Operativo Anti-Trata (Coat) del Ministerio del Interior, que articula la atención con entidades como la Fiscalía General de la Nación y la Defensoría del Pueblo para brindar asistencia integral a las víctimas de un fenómeno que continúa en expansión.

“El problema con este tema es que el subregistro es muy grande, porque las personas se atreven a denunciarlo en consulados o aquí en Colombia solo cuando les hacen algo. Les retienen el documento, les golpean, les roban”, le dijo a este diario una fuente que trabaja de lleno en combatir la trata de personas.

No Es Hora De Callar Foto:EL TIEMPO

Las modalidades

La Fiscalía General de la Nación ha identificado tres modalidades principales de trata de personas. La más frecuente tiene como finalidad la explotación sexual y la prostitución, principalmente de mujeres, aunque en los últimos años también se han documentado casos que involucran a mujeres trans y hombres homosexuales.

Esta modalidad representa cerca del 65 por ciento de los casos reportados en 2025 e incorpora nuevas dinámicas, como el uso de estudios webcam y la participación de grupos armados ilegales que, aunque no controlan directamente este delito, actúan como enlaces para trasladar a las víctimas desde sus ciudades de origen hasta los lugares donde serán explotadas.

En el curso de las investigaciones, la Fiscalía ha establecido que en cada país existe una red encargada de recibir a las víctimas y administrar el negocio. Sus integrantes se quedan con buena parte de las ganancias, mientras la víctima recibe apenas una tercera parte de los ingresos. En Colombia y otros países de Suramérica, el ‘Tren de Aragua’, golpeado por las capturas y muertes de varios de sus cabecillas, entre ellos alias Niño Guerrero, facilita el ingreso de las víctimas a redes locales. En México, en algunas zonas, ese papel lo desempeña el cartel Jalisco Nueva Generación, que utiliza agencias de modelaje fachada para atraer a las víctimas con ofertas económicas.

Según las denuncias recibidas por las autoridades durante el año pasado, las ofertas de trabajo prometen ingresos de entre 25 y 30 millones de pesos mensuales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, esos pagos nunca llegan a materializarse.

La segunda modalidad corresponde a la trata de personas con fines de explotación laboral. La mayoría de colombianos captados por estas organizaciones viajan con contratos y documentación en regla, pero al llegar al país de destino, terminan siendo víctimas de retención de documentos e incluso de torturas.

En algunos países de Europa, las víctimas son trasladadas a granjas para realizar trabajos agrícolas, mientras que en Asia son reclutadas con la promesa de desempeñarse en el sector de las criptomonedas. Esas ofertas terminan convirtiéndose en jornadas de encierro o en la obligación de participar en estafas cibernéticas mediante técnicas como el phishing.

La tercera modalidad, y la más reciente dentro de las investigaciones, es el mercenarismo. Un agente explicó a este diario que, aunque este fenómeno existe desde hace décadas, solo recientemente comenzó a abordarse de manera sistemática desde el punto de vista investigativo.

Según datos del Gobierno, el 82 % de las víctimas de trata de personas son mujeres. Foto:Jaiver Nieto / EL TIEMPO

A diferencia de la explotación sexual, en esta modalidad las víctimas suelen ser hombres, reclutados bajo la promesa de prestar servicios de seguridad o desempeñar labores como plomería u otros oficios. “Esta situación se ha incrementado con lo que pasa entre Rusia y Ucrania, y en Colombia, de entrada, es investigable porque se firman contratos ilícitos, dado que un ciudadano no puede participar en conflictos externos”, afirmó el agente a este medio, quien reconoció que aún queda camino por recorrer para que las empresas y reclutadores vinculados a este negocio respondan ante la justicia.

Actualmente, la Fiscalía cuenta con 12 fiscales dedicados exclusivamente a investigar la trata de personas y el tráfico de migrantes. Estos funcionarios están ubicados en Bogotá, Medellín, Cali y Bucaramanga, y la entidad proyecta abrir una nueva oficina en Cartagena, una ciudad donde históricamente se han documentado casos relacionados con este delito

Un problema transnacional

La trata de personas con origen en Colombia se ha extendido durante los últimos años hacia países de Asia, Europa y América. Los casos con fines de explotación sexual se concentran en destinos como México, República Dominicana, España, Grecia, Francia y Corea del Sur. En Estados Unidos, además, las autoridades han documentado situaciones en las que las víctimas también terminan involucradas en redes de tráfico de migrantes.

En materia de explotación laboral, los principales destinos identificados son Camboya y Vietnam, en Asia, y Polonia, en Europa. El mercenarismo, por su parte, ha sido detectado en Rusia, Ucrania y Sudán.

Frente a este panorama, Colombia mantiene mecanismos de cooperación con estos países para fortalecer el intercambio de información y avanzar en investigaciones conjuntas contra las redes dedicadas a este delito.

Trata de personas. Foto:Policía Metropolitana de Bogotá

Uno de los frentes de trabajo consiste en identificar los territorios de donde provienen las víctimas. En ese análisis ha llamado la atención que Norte de Santander y Meta figuren entre los departamentos con mayor número de reportes. Según investigadores, en este negocio no predominan grandes estructuras criminales en la fase de captación, sino pequeñas redes familiares o personas conocidas por las víctimas que actúan como enlaces y las convencen de salir del país mediante ofertas económicas. Los grandes carteles, sin embargo, continúan obteniendo beneficios de la explotación.

Las investigaciones

Las organizaciones criminales que delinquen en Colombia han ampliado sus fuentes de financiación y ya no dependen exclusivamente del narcotráfico. De acuerdo con fuentes judiciales, estas estructuras funcionan bajo una lógica empresarial, con un portafolio de actividades ilícitas que incluye extorsión, tráfico de drogas en entornos urbanos y otras economías ilegales que les permiten diversificar sus ingresos. Dentro de ese esquema, la trata de personas ha adquirido un papel cada vez más relevante. Las investigaciones indican que este delito genera rentas comparables e incluso superiores a las obtenidas por el narcotráfico o el tráfico de armas.

“Las redes ilegales han incorporado la explotación de personas dentro de sus esquemas financieros mediante las modalidades de trata interna, cuando ocurre dentro del territorio nacional; externa, cuando las víctimas son trasladadas al extranjero; y mixta, cuando confluyen ambas dinámicas”, explicó una de las fuentes consultadas.

Capturado. Foto:EL TIEMPO

Uno de los escenarios donde este fenómeno ha sido identificado con mayor frecuencia es el Catatumbo. Allí, según los investigadores, el Eln estaría obteniendo ingresos mediante la explotación sexual de mujeres, especialmente de nacionalidad venezolana, tanto en establecimientos clandestinos como en campamentos ubicados en zonas bajo influencia de este grupo ilegal.

Las agencias de inteligencia también mantienen el foco en regiones donde hay minería ilegal. Las investigaciones han establecido que algunos trabajadores son sometidos a jornadas extensas, sanciones económicas, retención de documentos y otras condiciones que podrían configurar casos de trata de personas. “En esos mismos enclaves ilegales suelen instalarse espacios de explotación sexual, donde las organizaciones buscan captar parte del dinero que reciben los trabajadores de las minas”, detalló un investigador.

A ese panorama se suma el aumento de establecimientos que funcionan bajo la figura de estudios webcam sin cumplir la normatividad laboral ni los requisitos legales. Los expertos insisten en que esta actividad, por sí sola, no constituye un delito ni debe ser estigmatizada. No obstante, advierten que algunas redes la han utilizado para explotar laboralmente a hombres y mujeres e, incluso, en casos detectados en Cúcuta, para vincular a menores de edad. Las autoridades consideran que la trata de personas ya no puede investigarse como un delito aislado, sino como una de las economías ilegales que hoy alimentan las finanzas de grupos criminales con presencia en varias regiones del país.

Redacción Justicia