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En su juicio, no cabe duda de que Angela Hernandez firmó un formulario reconociendo que podría ser deportada tras una condena penal. Un intérprete certificó que habían traducido el formulario completo y su abogado confiaba en que Hernandez lo había entendido.

Pero el Tribunal Supremo de California dictaminó el jueves que no basta con marcar las casillas de un formulario: el acusado debe “comprender de manera significativa” las consecuencias legales de un acuerdo de culpabilidad.

“De no haber sido por estos errores”, dictaminó el tribunal, “existe una probabilidad razonable de que ella hubiera rechazado la oferta de acuerdo con la fiscalía y hubiera intentado negociar un acuerdo con consecuencias migratorias menos graves o hubiera llevado su caso a juicio”.

Hernández fue acusada de dos delitos de tráfico de drogas en el condado de Kern en 2013. Era ciudadana mexicana, pero había sido residente permanente legal de los Estados Unidos durante 19 años. Tenía 55 años al momento de su arresto y tenía un padre, esposo, hijos y nietos en los Estados Unidos.

En el juicio, se declaró culpable y firmó con sus iniciales un formulario que decía: “ESTATUTO DE EXTRANJERA: Entiendo que si no soy ciudadana de los Estados Unidos, mi declaración de culpabilidad o de no impugnar los cargos resultará en mi deportación, la prohibición de entrada a los Estados Unidos y la denegación de la naturalización según las leyes de los Estados Unidos. La deportación es obligatoria para algunos delitos. He conversado extensamente sobre este asunto con mi abogado y comprendo las graves consecuencias migratorias de mi declaración”.

Hernández declaró en la apelación que aceptó el formulario, pero que no comprendió sus consecuencias.

“Bueno, porque si él es mi abogado y me dice: ‘Firma aquí, pon tus iniciales aquí’, voy a firmar”, dijo Hernández en el tribunal, según la sentencia. “También estaba muy nerviosa en ese momento”.

Su declaración de culpabilidad la llevó a la cárcel durante 27 días de una condena de 180. Dos años después, obtuvo permiso del departamento de libertad condicional del estado para viajar a México. Al regresar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, fue detenida por un funcionario de aduanas, quien inició un proceso de deportación en su contra.

Desde entonces, Hernández ha luchado por anular su condena. Alegó que su abogado no había sido eficaz, algo que tanto el juez de primera instancia como el tribunal de apelaciones desestimaron. Sin embargo, la Corte Suprema encontró errores legales y revocó la decisión.

El Tribunal Supremo determinó que, si bien Hernández dijo “sí” cuando aceptó la cláusula de posible deportación en su declaración de culpabilidad, no demostró con sus acciones que la entendiera.

“Sus decisiones de solicitar y obtener permiso del departamento de libertad condicional para salir de los Estados Unidos, viajar a México e intentar reingresar legalmente a través de un puerto de entrada respaldan la inferencia de que no ‘entendía de manera significativa’ las consecuencias migratorias de su condena”, escribió el juez Joshua Groban en la opinión mayoritaria.

El Departamento de Correcciones y Rehabilitación de California instó al tribunal a confirmar la condena de Hernández. Sin embargo, grupos de defensores públicos y defensores de los inmigrantes presentaron alegatos argumentando que los tribunales de California tenían políticas inconsistentes respecto a cómo notificar a los acusados sobre las consecuencias migratorias de declararse culpables.

El tribunal ordenó al Tribunal de Apelaciones del 5.º Distrito que devolviera el caso de Hernández al tribunal de primera instancia y anulara sus condenas.

En una opinión parcialmente concurrente y parcialmente disidente, la jueza Carol Corrigan pidió a Hernández que hiciera una “presentación más completa” al ser remitido el caso a un tribunal inferior.

“El tribunal de primera instancia puede resolver las cuestiones de hecho y credibilidad, y luego emitir un fallo apropiado considerando todas las pruebas pertinentes”, escribió Corrigan. “Si el expediente presentado demuestra que el error legal perjudicó su capacidad para comprender de manera significativa las consecuencias migratorias de su declaración de culpabilidad y aceptarlas, la moción debe ser concedida”.