La digitalización ha facilitado las compras, pero también ha abierto la puerta a nuevas formas de fraude. Cada día son más las personas que realizan compras a través de plataformas aparentemente fiables y acaban siendo víctimas de estafas, productos inexistentes o comercios fraudulentos.

Lo más preocupante no es solo la facilidad con la que operan estos delincuentes, sino la enorme burocracia que muchas entidades bancarias imponen a los clientes cuando solicitan la devolución de un cargo realizado con tarjeta de crédito. Formularios interminables, documentación repetitiva, plazos excesivos y una presunción inicial que, en ocasiones, parece situar al consumidor en el papel de sospechoso en lugar de víctima.

El resultado es un mensaje muy peligroso: para los estafadores, el riesgo es bajo; para el consumidor, reclamar puede convertirse en un auténtico calvario. Esta situación no solo desprotege a quienes actúan de buena fe, sino que, indirectamente, favorece la proliferación de este tipo de actividades delictivas.

Es necesario reforzar los controles para evitar el fraude, pero con la misma determinación deben simplificarse y agilizarse los procedimientos de devolución cuando existen indicios razonables de estafa. La tecnología ha avanzado; la protección del consumidor también debería hacerlo.

Combatir el fraude digital no consiste únicamente en perseguir a los delincuentes. También exige que las entidades financieras respondan con rapidez, eficacia y una verdadera orientación al cliente. Porque cuando reclamar resulta más difícil que estafar, algo no está funcionando como debería.