La Policía Nacional ha detenido a cuatro personas a las que imputa delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad, implicadas en una trama cuyo objetivo sería la entrega irregular de una niña de casi 2 años de edad para culminar un proceso ilegal de adopción al margen de los procedimientos administrativos establecidos, y previo pago de una importante cantidad de dinero.

La Consejería de Política Social, Familias e Igualdad de la Región de Murcia informó al Grupo de Menores de la Jefatura Superior de Policía de Murcia que los servicios sociales dependientes del Ayuntamiento de Totana habían detectado un posible caso de adopción ilegal entre dos familias de origen hondureño, y que incluso la familia interesada había entregado hasta la fecha una cantidad de 20.000 euros a la madre de la menor, según han informado desde la Policía Nacional.

Desde el nacimiento de la niña en el año 2024, la Dirección General de Familias, Infancia y Conciliación venía realizando un seguimiento y evaluación permanente de la situación familiar, estableciéndose diferentes procesos de intervención para garantizar su protección integral.

La investigación llevada a cabo desde el Grupo de Menores de la Policía Nacional permitió averiguar que los progenitores de la menor la habían ofrecido a una familia conocida, estableciéndose inicialmente una serie de pagos semanales y mensuales que les permitían visitar a la niña, asumiendo además todos los gastos relacionados con su manutención y crianza, así como de los presuntos trámites administrativos que se estaban realizando.

La familia de origen, además, hizo creer a la otra parte que el procedimiento estaba siendo realizado por una abogada especializada y que la supuesta directora del guarderío donde se encontraba la menor les confirmaba que todo el proceso era legal, hasta el punto de recibir llamadas telefónicas falsas bajo la apariencia de legalidad.

Los agentes de la Policía Nacional, ante la grave situación de riesgo para la menor, en coordinación y colaboración permanente con los Servicios de Protección del Menor de la Consejería de Familia de la Región de Murcia, procedieron a la inmediata detención de los cuatro implicados, los progenitores y los aspirantes a la tutela irregular de la menor, imputándoles delitos de adopción ilegal, estafa y usurpación de identidad.

La principal preocupación de las autoridades es la protección de la niña, de apenas dos años. Los servicios competentes han asumido el seguimiento del caso para garantizar su bienestar mientras se esclarecen las circunstancias que rodearon la presunta adopción ilegal.

La investigación continúa abierta y no se descartan nuevas diligencias. Los detenidos permanecen a disposición judicial mientras los agentes recopilan documentación y testimonios para esclarecer si existió un acuerdo económico destinado a eludir los mecanismos legales de adopción y protección de menores.

La legislación española establece que toda adopción debe realizarse mediante un procedimiento supervisado por la Administración y ratificado por un juez. El objetivo es garantizar que la decisión responde al interés del menor y que los futuros adoptantes cumplen los requisitos de idoneidad exigidos por la normativa.

Por ello, cualquier intento de formalizar la entrega de un menor al margen de estos procedimientos puede derivar en responsabilidades penales y en la intervención inmediata de las autoridades para proteger al niño afectado.