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El Ayuntamiento de Platja d'Aro no ha pedido la ejecución de sentencia de la Audiencia Nacional -que es firme después de que el Estado no la recorriera- que contempla desafectar 850 viviendas que quedaban dentro de la ley de Costas y que, por tanto, sus propietarios pueden recuperar. 

El motivo es que el consistorio prefiere dar tiempo a que se encuentre una fórmula jurídica que permita que los vecinos vuelvan a tener su vivienda a un precio simbólico y que el Estado no saque un rendimiento. El alcalde de Castell d'Aro, Platja d'Aro y S'Agaró, Mauricio Jiménez, explica que actualmente el propietario desde un punto de vista jurídico todavía es el Estado y “nos podríamos encontrar con locuras” como alquilar a los propietarios la vivienda o sacarles a subasta.

En este sentido, Jiménez ha explicado que se reunió con el subdelegado del gobierno español en Girona, Pere Parramon, quien le confirmó que no tenían la intención de recurrir la sentencia de la Audiencia Nacional y que querían resolver la situación y, por eso, pidió “un cierto tiempo” para concretar una fórmula que permita a los antiguos propietarios recuperar las viviendas. El alcalde señala que le consta que la voluntad del Estado es, precisamente, poder buscar la forma de que los vecinos no tengan que desembolsar una gran cantidad de dinero.

Así, Jiménez ha explicado que han dado ese tiempo “razonable” y que de cara a septiembre se sentarán de nuevo a hablar con el gobierno español para ver cómo evoluciona. El alcalde de Platja d'Aro reconoce que ya ha habido varias personas afectadas que, una vez que han sabido que la sentencia no se había recurrido, han hecho la solicitud de desafectación.

Pero es en este punto, donde el Ayuntamiento de Platja d'Aro recuerda que a efectos jurídicos, las propiedades todavía son del Estado y que, si lo desea, podría sacarle un rendimiento. Por eso, se opta por dar un margen para volver a negociar una vez haya pasado el mes de agosto.

“Yo entiendo que el Estado actuará en el momento en el que vea garantías jurídicas para poder resolver no la primera parte, que judicialmente está cerrada y jurídicamente está clara, sino la segunda, que es patrimonialmente como resolvemos esto”, ha remarcado Jiménez.

Otra de las zonas que preocupan al alcalde de Platja d'Aro es la zona de la marina del puerto, que preveía inicialmente una ampliación con un nuevo canal, además de 300 pisos y un hotel y que el Ayuntamiento tumbó para contemplar la urbanización del espacio. Jiménez recuerda que actualmente las licencias están suspendidas hasta final de año y que es necesario mirar “muy bien” qué hacer.

En este sentido, el alcalde explica que están recibiendo propuestas distintas de propietarios, pero recuerda que hay que tener cuidado porque el Plan de Ordenación Urbanística Municipal (POUM) contempla el desarrollo de la zona y eso “hace evidente” la voluntad municipal. Pero, al mismo tiempo, pide ver “cómo se desarrolla” para que sea atractivo por los propietarios, pero también por el consistorio y que “reciba un bien público a cambio”.

Así, el alcalde señala que la modificación del POUM puede comportar que el 50 por ciento de la vivienda de la zona sea de protección oficial y que el Ayuntamiento no tenga la capacidad de desarrollar. Si los privados no ven atractivo al otro 50% lo que puede ocurrir es “quede muerto durante muchos años”.