Numerosos litigios envuelven este verano a los contratos de patrocinio suscritos entre la Diputación de Cádiz y la empresa Luna Bahía S.L., una de las sociedades del promotor portuense Pascual Llopis, en prisión provisional tras la apertura de una causa por blanqueo de capitales del narcotráfico a través de contratos públicos. El último paso que ha dado la Justicia al respecto es dejar en suspenso el patrocinio de uno de los festivales que centran las pesquisas del caso, el Pal Sur Festival 2026, un contrato de promoción cuya cuantía asciende a 550.000 euros.

El periplo en los tribunales entre la administración y Llopis arrancó a principios del mes de julio, cuando la institución provincial decidió cancelar de manera cautelar la promoción de este circuito musical, así como de otros festivales como el Puro Latino y el No Sin Música, después de hacerse público que estos eventos acaparaban parte de la investigación de la conocida como trama Llopis. El gobierno provincial suspendió el contrato de Pal Sur Festival, formalizado el 28 de abril de este año, por un posible "efecto reputacional desfavorable".

Entonces, el promotor portuense solicitó una medida cautelarísima para mantener en vigor ese contrato impugnado y la Sección Contenciosa-Administrativa del Tribunal de Instancia de Cádiz número 3 le dio la razón. La magistrada dictó un auto el pasado 6 de agosto por el que ordenó reactivar el patrocinio que la Diputación de Cádiz había suscrito con Llopis para promocionar el Pal Sur Festival 2026. Para estimar las pretensiones del empresario portuense, la jueza valoró que terceras personas ajenas al procedimiento, entre ellos, los artistas contratados, el público asistente, así como las empresas y profesionales que participan en la organización, producción y prestación de servicios necesarios", podían verse afectados.

La Diputación de Cádiz presentó alegaciones contra el auto del 6 de agosto y apeló a la "falta de jurisdicción" del Juzgado Contencioso-Administrativo para tramitar este asunto, un planteamiento que ahora ha prosperado. Así, la jueza ha dictado una providencia con fecha de 13 de agosto en la que acuerda "dejar en suspenso" el citado auto de 6 de agosto que reactivó el patrocinio del festival. La magistrada argumenta que el asunto se debe tramitar y resolver "en los autos principales y, con carácter previo, la posible falta de jurisdicción de este juzgado por ser competentes los órganos de la jurisdicción civil".

Esta providencia también puede ser impugnada mediante un recurso de reposición en el plazo de cinco días, "no obstante lo cual, se llevará a efecto la resolución impugnada", detalla la providencia.

A principios de julio, la Guardia Civil accedió al área que dirige el alcalde de El Puerto, Germán Beardo (PP), en la Diputación de Cádiz para solicitar información de cinco contratos de patrocinio, uno de ellos, el de Pal Sur Festival 2026. También requirió información a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía. Los cinco patrocinios suscritos por la administración provincial entre mayo de 2024 y abril de 2026 con dos mercantiles dirigidas por Llopis, Bahía Luz Restauración, S.L. y Luna Bahía, S.L., superan el millón de euros. 

El juez instructor de El Puerto dirige la investigación sobre el entramado societario por blanqueo de capitales vinculado al narcotráfico en Cádiz y Sevilla apunta a que el empresario sevillano Mario García Lobato es, indiciariamente, el "administrador real" del holding empresarial del portuense Pascual Llopis, promotor que le ha servido como "testaferro" para lavar dinero negro procedente del tráfico de estupefacientes desde hace años. Ambos están en prisión provisional como supuestos cabecillas de la trama.

El magistrado refiere un grupo de WhatsApp del que forman parte Mario y Pascual -conocido como Pascuali-, donde hablan de "cantidades de dinero" para "conseguir licencias, sedes y contratos del personal de la Diputación de Cádiz y la Junta de Andalucía", hechos donde derivan parte de los tipos delictivos investigados: cohecho, prevaricación, malversación de caudales públicos, revelación de secretos, uso de información privilegiada y tráfico de influencias.

El instructor que acordó el ingreso en la cárcel de los dos supuestos cabecillas indaga también en las "cantidades ingentes" de dinero que maneja, sin tener trabajo conocido, Mario, quien afirmó en el citado chat de WhatsApp contar con "dinero emparedado".

El empresario sevillano es, según el juez, la persona que lidera -en la sombra- las empresas de Llopis, así como el Festival Puro Latino, hasta el punto que decide "pagar en efectivo a los artistas", además de las "licencias". Mario, subraya el magistrado, ostenta el liderazgo y la jerarquía y ordena "las inversiones a realizar, el modo de pago y los pasos a seguir para cualquier tipo de inversión o decisión".

También están en el punto de mira de las pesquisas 1.166.875 euros en efectivo incautados en el domicilio de Pascual Llopis, de los que 455.150 euros se encontraban "envasados al vacío", circunstancia propia de "la protección del dinero para su ocultación en tierra, lugares húmedos o cualquier otro que haga peligrar su conservación".

"Ya en septiembre de 2022 se observa que Mario es el real administrador de las sociedades -o de la mayor parte de ellas- de Pascual LLopis, que le sirve de testaferro, habida cuenta el holding empresarial del que dispone en la actualidad, con locales como Margarita, Banana, Babu, propiedades inmobiliarias y sus sociedades Pisgo Inversiones, Altos de Vistahermosa, Cayetanos del Puerto, Beauty Beach, Luna Bahía, Bahía Luz Restauración y Tarifa Conceptual", detalla el magistrado, que añade que Mario crea de modo independiente las siguientes sociedades: Lealtigroup, Mepa Logística y PDJ Inversiones Inmobiliarias.