Edwin Chavajay, secretario general del Ministerio Público (MP), reconoció este miércoles 5 de agosto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que la institución sufrió un proceso de “paulatina cooptación y desmantelamiento por parte de grupos de poder interesados en perpetuar la impunidad y la corrupción”.

Según explicó, esta captura institucional se tradujo en una “instrumentalización del derecho penal” que alcanzó su punto más crítico durante el mandato de la exfiscal general Consuelo Porras, afectando la independencia de la entidad y erosionando el Estado de derecho en el país.

Durante la audiencia pública del 196 periodo de sesiones, Chavajay detalló que esta estructura de poder no solo buscó proteger intereses particulares, sino que utilizó la persecución penal como un arma contra actores específicos, ejecutando un “uso indebido del derecho penal contra operadores de justicia, defensores de derechos humanos, autoridades indígenas y periodistas”.

Además, denunció formalmente que las acciones de la fiscalía estuvieron orientadas a “cuestionar los resultados de las elecciones generales del 2023 en Guatemala y la legitimidad del gobierno democráticamente electo”, una estrategia que, según afirmó, contó con la complicidad de algunos jueces y magistrados que aún permanecen en sus cargos.

Para concretar estos fines, el MP bajo la administración anterior implementó prácticas procesales que Chavajay calificó como incompatibles con los estándares internacionales. Entre estas tácticas mencionó la interposición de un alto número de denuncias por un mismo hecho en contra de una misma persona, el impulso de procesos basados en “cargos infundados y desproporcionados” y el uso abusivo de la prisión preventiva.

También señaló el manejo arbitrario de la “reserva judicial” para impedir que las defensas accedieran a los expedientes y el “uso sistemático y abusivo de la institución jurídica de la desestimación” para sepultar investigaciones relevantes.

El secretario destacó que el nombramiento del fiscal general Gabriel Estuardo García Luna marca un compromiso institucional con la objetividad, la imparcialidad y la legalidad. Informó que se ha iniciado la liquidación de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (Feci), bajo el argumento de que la fiscalía perdió su propósito original y se convirtió en un mecanismo para la instrumentalización del derecho penal.

Como parte de la rectificación de casos emblemáticos, el funcionario resaltó que el MP ya no se opone a medidas sustitutivas cuando la prisión preventiva contraviene estándares de derechos humanos, citando los procesos de José Rubén Zamora, Luis Pacheco y Héctor Chaclán.

Finalmente, confirmó que existen investigaciones en curso para sancionar a los responsables de la manipulación judicial y administrativa ocurrida en gestiones anteriores.

El Secretario General del @MPguatemala expuso ante la @CIDH las ilegalidades que se cometieron durante la gestión de Consuelo Porras en el MP.

Es importante que se investiguen esos hechos y no queden en la impunidad. pic.twitter.com/GuQrtVUc7j

— Impunity Watch en Español (@ImpunityWatchGt) August 6, 2026

Por su parte, la comisionada de la CIDH, Andrea Pochak, validó el diagnóstico estatal y subrayó la gravedad de los hechos admitidos. Pochak afirmó de manera categórica que el Ministerio Público en Guatemala “no era un ministerio público autónomo. Era un ministerio público cooptado por sectores de poder”.

La comisionada advirtió que una institución sin independencia se convierte “muy fácilmente en una herramienta de criminalización y de persecución a cualquier persona crítica al poder”.

Pochak también reconoció la complejidad de la tarea que enfrenta la actual administración para sanear la entidad. “Destruir una institución es muy fácil. Reconstruirla es muy difícil”, señaló, haciendo un llamado a que el proceso de reforma sea transparente y cuente con la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

La audiencia incluyó intervenciones de otros comisionados que plantearon interrogantes sobre la sostenibilidad de estos cambios.

El relator de Pueblos Indígenas, Riyad Insanally, tras celebrar la liberación de los líderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, preguntó si existía alguna “seguridad constitucional que pueda garantizar que el tipo de manipulación del sistema de justicia... no suceda de nuevo”. A su vez, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, enfatizó que la verdadera garantía de no repetición reside en el “castigo a las personas responsables” de la manipulación previa de la fiscalía.

Finalmente, la jefa de gabinete de la CIDH, Patricia Colchero, propuso formalmente a la delegación guatemalteca la instalación de una “mesa de trabajo periódica” para monitorear los avances en la implementación de las recomendaciones estructurales del informe de país de la Comisión. Chavajay aceptó la propuesta, reiterando la disposición del MP de ser acompañado por el organismo internacional en su proceso de transformación institucional.

La audiencia cerró con un reconocimiento de la sociedad civil, representada por Claudia Paz y Paz, quien calificó la admisión del Estado como un “primer paso muy importante” para sentar las bases de una justicia real en Guatemala.

— CIDH - IACHR (@CIDH) August 5, 2026

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