Han transcurrido 13 días desde el desalojo de Juana Santiago Chel, ejecutado el 30 de julio en el caserío Xecoxó, aldea Tzalbal, Santa María Nebaj, Quiché. El caso volvió a generar pronunciamientos luego de que la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) emitiera una resolución sobre la actuación policial y, este 12 de agosto, la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio de Gobernación (Mingob) fijaran sus posturas.

La PDH determinó que durante el procedimiento existieron violaciones a los derechos humanos y declaró violadores de esos derechos al oficial tercero Gerson Onelio Benites Rivera, de la Subestación 71-81, y al comisario Feliciano Cruz Vásquez, de la Comisaría 71 de la PNC.

Según la resolución, ambos vulneraron los derechos a la seguridad y a la integridad personal de Santiago Chel, de los ocupantes del inmueble y de pobladores de Xecoxó.

— PDH Guatemala (@PDHgt) August 12, 2026

La PDH recomendó deducir responsabilidades administrativas y disciplinarias contra los dos mandos y otros integrantes de la PNC que participaron en el operativo. También pidió garantizar la aplicación del Protocolo de Actuación Policial de Desalojos, fortalecer la formación de los agentes en mediación y derechos humanos y remitió la resolución a instancias del Organismo Judicial y del Ministerio Público.

La PNC reiteró este 12 de agosto que sus intervenciones deben fundamentarse en el respeto a los derechos humanos y los principios de legalidad, y aseguró que reconoce las recomendaciones de la PDH como un mecanismo de fiscalización y mejora continua.

Sobre el caso, la institución indicó que el procedimiento se originó por un litigio de índole intrafamiliar y que los agentes acudieron para cumplir un mandato judicial. También manifestó que lamenta que “no se haya generado la mediación oportuna en el lugar” y sostuvo que la PDH era una instancia facultada para ejercer una mediación “técnica e imparcial” para prevenir el escalamiento del conflicto.

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— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) August 13, 2026

La Policía confirmó además que su Inspectoría General mantiene activa una investigación sobre el personal que participó en el operativo y señaló que cualquier sanción administrativa o destitución deberá sujetarse al debido proceso y al marco legal vigente.

El Ministerio de Gobernación también se pronunció y destacó que la diligencia no fue ejecutada de forma unilateral por la PNC. Según la cartera, estuvieron presentes representantes del juzgado que emitió la orden, una intérprete judicial, personal de la Procuraduría General de la Nación (PGN), incluida una trabajadora social; la Inspectoría General de la PNC, paramédicos y un delegado de la PDH.

El Ministerio de Gobernación informa a la población en general sobre la resolución de la PDH relacionada con la diligencia de desalojo en Santa María Nebaj, #Quiché. pic.twitter.com/DzD85aFZ0A

— MinGob (@mingobguate) August 13, 2026

Gobernación considera que la presencia del delegado de la PDH, quien, según la cartera, acompañó directamente el procedimiento, debe formar parte del análisis público de lo ocurrido.

El Mingob también recordó que la Inspectoría General de la PNC abrió de oficio una investigación el 31 de julio, un día después del desalojo. Indicó que los señalamientos formulados por la PDH serán incorporados a las investigaciones en curso y que, si se establecen anomalías o incumplimientos de los protocolos, se procederá conforme a derecho ante los Tribunales Disciplinarios y el Ministerio Público, según corresponda.

Además, informó que giró instrucciones para reforzar el cumplimiento del Protocolo de Actuación Policial de Desalojos y fortalecer la formación policial en mediación y derechos humanos.

El Ministerio Público también investiga la actuación de agentes de la PNC durante el desalojo por los posibles delitos de abuso de autoridad y robo. El expediente fue trasladado de la Fiscalía Municipal de Nebaj a la Fiscalía de Delitos Administrativos debido al riesgo que, según informó el MP, representa el caso para el personal fiscal.

El desalojo fue ejecutado por orden judicial y, según el informe policial, fue promovido por uno de los hijos de Santiago Chel. Videos difundidos en redes sociales mostraron a agentes retirando por la fuerza a la adulta mayor del inmueble. Horas después, pobladores protestaron y un grupo incendió la vivienda de la jueza Ada Madaí López Morales, quien había emitido la orden.

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