Hubo un momento en el que el independentismo fiaba todas sus esperanzas en Europa, pero, en octubre de 2017, la burbuja estalló. Nueve años después, la idea de que Catalunya se convierta en un nuevo Estado no solo ha perdido fuerza, sino que ni siquiera se ha conseguido que el catalán sea considerado lengua oficial de la UE -como tampoco el euskera ni el gallego-, y nada parece indicar que esta situación pueda revertirse ni a corto ni a medio plazo. La última vez que la cuestión estuvo en el orden del día fue en mayo de 2025, y ni siquiera se sometió a votación. Hasta 10 Estados expresaron dudas.

Que el catalán adquiera el estatus de lengua oficial en la UE es una demanda histórica. Lo han reclamado el Parlament y el Govern en múltiples ocasiones, y hasta en el Estatut -aprobado en 2006- consta que las instituciones catalanas y estatales velarían por materializarlo. Sin embargo, no fue hasta el 17 de agosto de 2023 cuando el Gobierno lo pidió formalmente a las instituciones europeas. Fue después de que Junts lo impusiera como condición para dar sus votos a Francina Armengol como presidenta del Congreso.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ha intentado convencer a sus socios por todas las vías posibles. Pero una decisión de tal impacto para el funcionamiento diario de la UE requiere unanimidad. Y, de momento, esa unanimidad parece inalcanzable.

Los países que se oponen han expresado reticencias ante las posibles implicaciones legales y presupuestarias de la decisión. Por un lado, un informe de los servicios jurídicos del Consejo de la UE apuntaba a que tendrían que modificarse los tratados para reconocer las lenguas cooficiales, una cuestión que es extremadamente sensible entre los veintisiete.

Además, de reconocerse el catalán, el euskera y el gallego, sería la primera vez que lenguas cuyo uso no es de ámbito nacional son aceptadas como idiomas oficiales de la UE. Esto genera también resistencias políticas, ya que podría sentar un precedente para el reconocimiento de otras lenguas minoritarias, como el bretón, el corso o incluso el ruso, dada la importancia de la comunidad rusohablante en los países bálticos.

De hecho, entre los gobiernos contrarios al reconocimiento de las lenguas cooficiales están Alemania, Finlandia, Suecia, Croacia, Francia o Austria. Algunos de estos países tienen sus propias minorías lingüísticas y temen que la decisión abra la puerta a más peticiones.

Por otro lado, hay una cuestión económica. El Ejecutivo español se ha comprometido a correr con los gastos que suponga la traducción e interpretación a estas lenguas. La Comisión Europea calcula que la factura podría ascender a los 132 millones de euros anuales. Sin embargo, dado que el compromiso de España no es legalmente vinculante, a algunos países les preocupa que un futuro cambio de gobierno en Moncloa pueda dejarlo sin efecto.

Nadie en la UE parece oponerse frontalmente, consciente de la importancia de preservar la diversidad lingüística del bloque. Pero solo un puñado de países, entre los que se encuentran Bélgica, Irlanda, Portugal, Rumanía o Eslovenia, han mostrado su respaldo a la decisión más o menos abiertamente.

En uno de los últimos intentos para que prosperara la votación, el entonces secretario general del PP en Catalunya, Santi Rodríguez, dejó caer que su partido había realizado "llamadas" a otros Estados miembros para exponer "su opinión" contraria a la propuesta. "Si hay llamadas, es porque las ha habido en sentido contrario. Aquellos que llaman deben asumir que los otros podemos hacer exactamente lo mismo", declaró en una polémica rueda de prensa.

El secretario general del PP, Santi Rodríguez. / ACN

Los populares corrigieron rápidamente a Rodríguez y negaron haber hecho ningún tipo de llamada. A pesar de que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo siempre se ha mostrado contrario al reconocimiento del catalán, que considera una concesión de Sánchez al independentismo, desde la formación niegan haber usado sus contactos con los gobiernos conservadores europeos para frenar la iniciativa. No les hizo falta, alegan. El requisito de unanimidad ha sido desde el inicio el principal hándicap. No obstante, las palabras del entonces número dos de los populares en Catalunya sirvieron al Gobierno y a Junts para cargar con dureza contra los populares y justificar la nueva derrota en Europa.

La oficialidad del catalán en la Unión Europea no solo sería simbólica. Aparte de equiparar los derechos de los catalanohablantes con los de los hablantes de las demás lenguas oficiales de la UE y dar visibilidad y prestigio internacional a la lengua, el catalán pasaría automáticamente a estar incluido en toda la normativa europea que hace referencia a las lenguas oficiales. Esto facilitaría, entre otras cuestiones, la disponibilidad de documentación y servicios comunitarios en catalán, así como su enseñanza en las Escuelas Europeas y en los cursos de aprendizaje del programa Erasmus.

Además, al generarse más documentación oficial en catalán, aumentaría la presencia de la lengua en bases terminológicas y recursos utilizados para desarrollar herramientas de IA.

Actualmente, son 24 las lenguas oficiales reconocidas por la UE: el alemán, el búlgaro, el castellano, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano y el sueco.

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