El fiscal coordinador de Medio Ambiente, Javier Rufino, ha señalado que alrededor del 60% de los incendios forestales registrados este verano continúa todavía con las causas desconocidas, al tiempo que ha advertido de la dificultad que entrañan las investigaciones para determinar tanto el origen del fuego como, en los casos en los que existe intervención humana, identificar a su responsable. En una entrevista en Canal Sur Radio, ha explicado que "no quiere decir" que finalmente no pueda conocerse el origen de esos incendios, pero ha incidido en que resulta "muy difícil determinar a veces dónde se produjo el inicio del fuego" y establecer posteriormente si fue intencionado, imprudente o fortuito.

La actuación de la Fiscalía ante los incendios tiene un carácter "reactivo", una vez que existe una investigación policial y científica sobre las causas y la posible existencia de un autor. Los fiscales se encuentran "a la espera" de los resultados de estas investigaciones, si bien ya disponen de datos que apuntan a un "aumento sustancial" del número de investigados, detenidos y presos preventivos en España.

Sobre el origen de los fuegos, Rufino ha indicado que, entre aquellos cuya causa se conoce, los delitos derivados de imprudencias o negligencias son "ligeramente" más numerosos que los intencionados. Según ha detallado, los primeros se sitúan este año en torno al 10%, mientras que los provocados deliberadamente representan un porcentaje "levemente inferior". Asimismo, ha advertido de que las consecuencias penales por provocar un incendio forestal pueden ser "mucho más graves de lo que comúnmente se piensa", por lo que ha rechazado que la solución pase necesariamente por incrementar las penas previstas actualmente.

Los incendios forestales intencionados que ponen en riesgo la vida o la integridad de las personas pueden acarrear penas de entre diez y 20 años de prisión, mientras que en los casos de imprudencia estas se reducen de forma sustancial, aunque también pueden acabar suponiendo el ingreso en prisión. Rufino ha precisado además que las penas pueden agravarse cuando el incendio afecta de manera sustancial a los recursos naturales, existe un interés económico detrás o se produce en determinadas circunstancias de especial gravedad. A ello se suma la responsabilidad civil por los daños ocasionados.

En este punto, ha defendido que la preocupación de los fiscales "no es meter a la gente en la cárcel", sino aplicar la ley y conseguir que se repare el daño provocado tanto a particulares como al conjunto de la sociedad. Esto incluye, además de viviendas o explotaciones agrícolas, ganaderas y forestales, la pérdida de biodiversidad o incluso posibles daños a acuíferos derivados de las escorrentías posteriores a un incendio.

Planes de prevención

El fiscal también ha puesto el foco en la prevención y ha subrayado que los municipios situados en zonas con riesgo de incendios forestales están obligados a disponer de planes de prevención y, especialmente, a ejecutarlos. "No vale tener formalmente un plan de protección si no se aplica", ha advertido Rufino, quien ha señalado que, si se produce un incendio como consecuencia de la ausencia de estos planes o de su falta de ejecución y esta resulta ser la causa fundamental, la Fiscalía o los juzgados pueden abrir una investigación por un posible delito de incendio forestal imprudente.

Igualmente, ha aseverado que esta obligación no recae únicamente sobre las administraciones públicas. En concreto, ha apuntado que el 72% del suelo forestal español se encuentra en manos de particulares, cuyos propietarios también deben adoptar determinadas medidas de protección, mientras instalaciones como los campings deben contar con planes de autoprotección. La Fiscalía desarrolla cada primavera una campaña de prevención de incendios forestales con el objetivo de identificar zonas de alto riesgo y comprobar las medidas adoptadas. Una labor en la que participan, además de los fiscales especializados, Guardia Civil, agentes forestales y una red de alrededor de 800 policías municipales de toda España.

En relación con las dificultades para obtener condenas, ha insistido en que la naturaleza del propio delito complica las investigaciones, ya que los incendios suelen producirse en espacios boscosos en los que resulta difícil determinar el punto exacto de inicio, la causa y posteriormente la identidad de un eventual responsable. Cuando existen indicios para atribuir la autoría, ha señalado que los procedimientos judiciales tampoco son "nada fáciles", puesto que es necesario acreditar, entre otros aspectos, que una eventual imprudencia fue grave y que los indicios existentes son suficientes.

Contra los bulos

Rufino ha rechazado algunos de los "bulos" que, según ha señalado, se producen de manera habitual en torno a los incendios forestales, como que estos se provocan para poder recalificar posteriormente los terrenos afectados o aprovechar la madera quemada. Al respecto, ha señalado que la Ley de Montes prohíbe, como regla general, la recalificación de los terrenos afectados por incendios forestales y también establece limitaciones sobre el aprovechamiento de la madera quemada. El Código Penal permite a los tribunales prohibir el cambio de uso del terreno tras un incendio. "Por mucho que uno lo diga, sigue oyéndose por ahí este bulo habitualmente", ha lamentado el fiscal.