La Guardia Civil ha lanzado un llamamiento, difundido también en árabe, para localizar a los migrantes desaparecidos en Ceuta durante la última semana. En el mensaje, se pide a cualquier persona que tenga un familiar o amigo que cree que ha accedido a nado a Ceuta que presente una denuncia para facilitar su búsqueda. Para ello, se ha habilitado una oficina específica en el Tarajal, en el edificio de aduanas, y se ha proporcionado una dirección de correo electrónico.En su comunicación, el cuerpo solicita que se aporten todos los detalles posibles sobre las personas desaparecidas, como la ropa que llevaban, cicatrices o tatuajes. Según indican, "cualquier información será de gran importancia para localizarle lo antes posible". Este esfuerzo se produce en el contexto de una crisis migratoria sin precedentes en la ciudad autónoma.La situación se originó hace una semana con la entrada masiva de 72.000 personas, la mayoría procedentes de Marruecos, según datos del Ministerio del Interior. Esta llegada ha generado un grave problema de acogida, especialmente en lo que respecta a los menores migrantes no acompañados. El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, ha solicitado ayuda urgente al Ejecutivo central, cifrando en más de un millar los menores en las calles, de los que unos 500 ya han sido identificados, mientras que la capacidad de acogida de la ciudad es de solo 90 plazas.La preocupación se extiende también al perfil de quienes han logrado entrar. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz, Diego Madrazo, ha manifestado la inquietud que existe en el cuerpo. "En la Guardia Civil preocupa quién ha podido entrar en Ceuta, algunos de ellos son personas que ya habían sido expulsados de Europa, es muy difícil identificarlos", ha señalado. Madrazo también ha recordado que el pasado 15 de julio se propuso "la instalación de una barrera neumática en Ceuta", una medida que, en su opinión, "habríamos solucionado parte del problema".La crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto la saturación de los centros de acogida de menores en la mayor parte de España. Una investigación de la Cadena COPE revela que la situación es crítica en varias comunidades. En Canarias, por ejemplo, se acoge a 2.600 menores teniendo una capacidad de 783 plazas, lo que supone triplicar su límite. En las Islas Baleares hay 733 menores para 434 plazas, y en Aragón la ocupación también duplica la capacidad oficial.La misma tendencia se observa en la Comunidad Valenciana, con una ocupación del 160%, y en la Comunidad de Madrid, que alcanza el 136% de su capacidad. Otras, como Castilla y León y Extremadura, tienen sus plazas cubiertas al 100% . Actualmente, Cataluña es la única comunidad que dispone de plazas libres, con unas 600 disponibles de un total de 2.829.Este desbordamiento ha provocado un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Mientras Moncloa recuerda a las regiones su obligación legal de acoger a los migrantes, varias de ellas, principalmente las gobernadas por el PP y Vox, argumentan que sus centros ya están saturados. La situación se complica con la amenaza de Junts, que ha advertido que no dará "ni un voto" al Gobierno si se traslada a menores a Cataluña.Las comunidades de Castilla y León, Extremadura y Aragón ya han anunciado formalmente que se opondrán al reparto. La Vicepresidencia de Castilla y León, en manos de Carlos Pollán (Vox), ha mostrado su "oposición frontal" a la política migratoria del Ejecutivo. Se amparan en el pacto de gobierno con el PP, que establece su rechazo a "cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".En una línea similar se ha posicionado la Junta de Extremadura, cuyo acuerdo de gobierno PP-Vox incluye un punto casi idéntico. Además, añaden que trabajarán para devolver a los menores a sus países de origen y se comprometen a no habilitar "ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes". Por su parte, el Gobierno de Aragón ha comunicado que utilizará "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" para oponerse a la medida.
La Guardia Civil ha lanzado un llamamiento, difundido también en árabe, para localizar a los migrantes desaparecidos en Ceuta durante la última semana. En el mensaje, se pide a cualquier persona que tenga un familiar o amigo que cree que ha accedido a nado a Ceuta que presente una denuncia para facilitar su búsqueda. Para ello, se ha habilitado una oficina específica en el Tarajal, en el edificio de aduanas, y se ha proporcionado una dirección de correo electrónico.
En su comunicación, el cuerpo solicita que se aporten todos los detalles posibles sobre las personas desaparecidas, como la ropa que llevaban, cicatrices o tatuajes. Según indican, "cualquier información será de gran importancia para localizarle lo antes posible". Este esfuerzo se produce en el contexto de una crisis migratoria sin precedentes en la ciudad autónoma.
La situación se originó hace una semana con la entrada masiva de 72.000 personas, la mayoría procedentes de Marruecos, según datos del Ministerio del Interior. Esta llegada ha generado un grave problema de acogida, especialmente en lo que respecta a los menores migrantes no acompañados. El Gobierno de Ceuta, presidido por Juan Jesús Vivas, ha solicitado ayuda urgente al Ejecutivo central, cifrando en más de un millar los menores en las calles, de los que unos 500 ya han sido identificados, mientras que la capacidad de acogida de la ciudad es de solo 90 plazas.
La preocupación se extiende también al perfil de quienes han logrado entrar. Desde la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), su portavoz, Diego Madrazo, ha manifestado la inquietud que existe en el cuerpo. "En la Guardia Civil preocupa quién ha podido entrar en Ceuta, algunos de ellos son personas que ya habían sido expulsados de Europa, es muy difícil identificarlos", ha señalado. Madrazo también ha recordado que el pasado 15 de julio se propuso "la instalación de una barrera neumática en Ceuta", una medida que, en su opinión, "habríamos solucionado parte del problema".

EFE
Migrantes en las inmediaciones del CETI, este martes en Ceuta
Centros de acogida al límite en toda EspañaLa crisis de Ceuta ha puesto de manifiesto la saturación de los centros de acogida de menores en la mayor parte de España. Una investigación de la Cadena COPE revela que la situación es crítica en varias comunidades. En Canarias, por ejemplo, se acoge a 2.600 menores teniendo una capacidad de 783 plazas, lo que supone triplicar su límite. En las Islas Baleares hay 733 menores para 434 plazas, y en Aragón la ocupación también duplica la capacidad oficial.
La misma tendencia se observa en la Comunidad Valenciana, con una ocupación del 160%, y en la Comunidad de Madrid, que alcanza el 136% de su capacidad. Otras, como Castilla y León y Extremadura, tienen sus plazas cubiertas al 100% . Actualmente, Cataluña es la única comunidad que dispone de plazas libres, con unas 600 disponibles de un total de 2.829.
Guerra política por el reparto de menoresEste desbordamiento ha provocado un nuevo enfrentamiento político entre el Gobierno central y las comunidades autónomas. Mientras Moncloa recuerda a las regiones su obligación legal de acoger a los migrantes, varias de ellas, principalmente las gobernadas por el PP y Vox, argumentan que sus centros ya están saturados. La situación se complica con la amenaza de Junts, que ha advertido que no dará "ni un voto" al Gobierno si se traslada a menores a Cataluña.
Las comunidades de Castilla y León, Extremadura y Aragón ya han anunciado formalmente que se opondrán al reparto. La Vicepresidencia de Castilla y León, en manos de Carlos Pollán (Vox), ha mostrado su "oposición frontal" a la política migratoria del Ejecutivo. Se amparan en el pacto de gobierno con el PP, que establece su rechazo a "cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad".
En una línea similar se ha posicionado la Junta de Extremadura, cuyo acuerdo de gobierno PP-Vox incluye un punto casi idéntico. Además, añaden que trabajarán para devolver a los menores a sus países de origen y se comprometen a no habilitar "ningún nuevo centro de acogida de inmigrantes ilegales durante la legislatura ni se ampliarán plazas en los existentes". Por su parte, el Gobierno de Aragón ha comunicado que utilizará "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" para oponerse a la medida.
Este texto ha sido elaborado por el equipo editorial con la asistencia de herramientas de IA.