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СпутникиРНSpaceXРоскосмосNASALas 15 denuncias interpuestas por el Defensor del Paciente, Adelante Andalucía, IU y 16 mujeres afectadas no han prosperado en ninguna provincia andaluza, siendo desestimadas todas ellas, incluida la que presentaron ante el Tribunal Superior contra cargos de la Junta aforadosLa Fiscalía investiga los “fallos” en los cribados de cáncer en Andalucía y pide un informe al Gobierno de Moreno
Las fiscalías provinciales de Andalucía han dado carpetazo a las 15 causas abiertas por las denuncias interpuestas por los fallos en los cribados de cáncer de mama, que provocaron la mayor crisis política del Gobierno de Juanma Moreno y forzaron el cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y toda su cúpula.
El archivo de las dos últimas causas vivas por parte del Ministerio Público, adelantado por el diario Ideal, fueron promovidas como el resto por la asociación El Defensor del Paciente, junto con 16 particulares (mujeres afectadas), y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía. El coordinador federal de IU y portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha restado importancia a esta decisión, y reiterado que su formación exigió -y lo sigue haciendo- “responsabilidades políticas” al Gobierno de Moreno por unos fallos que afectaron a más de 2.000 mujeres con diagnósticos tardíos de cáncer, según cálculos de la Junta.
El pasado mes de marzo, la Fiscalía ya anunció el cierre de las investigaciones abiertas por la crisis de los cribados en Granada, Jaén, Sevilla, Almería y Málaga (nueve en total) a raíz de sendas denuncias.
En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había desestimado también tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.
En diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos. Esta denuncia fue interpuesta por la Asociación de Mujeres Víctimas de Cáncer de Sevilla (Amama), que destapó el escándalo.
La Fiscalía del TSJA llegó a reclamar en un escrito a la Consejería de Sanidad un informe sobre los “errores” que reconoció la propia Junta, y que se cobraron la dimisión de la exconsejera de Salud, Rocío Hernández. El fiscal pedía a la Junta que informase con detalle de las “medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas” y para la prevención de hechos futuros similares.
Tras estallar el escándalo, el Ejecutivo de Moreno precipitó el cese de la consejera y todo su equipo y anunció un cambio en el protocolo de detección precoz del cáncer de mama, un sobregasto sanitario de 100 millones y ha ofrecido distintas cifras de aumento de plantilla de sanitarios -119 contratos la primera semana; 700 la segunda y 4.300 la tercera- aunque ha admitido que no hay bolsa para fichar más radiólogos, el servicio más deficitario en esta crisis de cribados.
Las denuncias que ahora se archivan, registradas por IU y Adelante, culpabilizaban de la crisis directamente a cargos políticos aforados, como la ya dimitida consejera de Salud, su predecesora en el cargo y luego responsable de Medio Ambiente, Catalina García, la exviceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y la ex gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, que también fue imputada en otra causa judicial por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia con clínicas privadas entre 2020 y 2024.
La denuncia del grupo Adelante Andalucía fue la más dura de todas, ya que imputaba delitos de “homicidio imprudente” a los responsables públicos que gestionaban la sanidad pública cuando estalla la crisis de los cribados o que lo siguen haciendo. El partido de Teresa Rodríguez acusó a miembros del Gobierno de Moreno de delitos de lesiones por imprudencia grave y dejación de funciones del servicio público, omisión del deber de prestar serivicos sanitarios.
Las fiscalías provinciales de Andalucía han dado carpetazo a las 15 causas abiertas por las denuncias interpuestas por los fallos en los cribados de cáncer de mama, que provocaron la mayor crisis política del Gobierno de Juanma Moreno y forzaron el cese de la consejera de Salud, Rocío Hernández, y toda su cúpula.
El archivo de las dos últimas causas vivas por parte del Ministerio Público, adelantado por el diario Ideal, fueron promovidas como el resto por la asociación El Defensor del Paciente, junto con 16 particulares (mujeres afectadas), y las formaciones políticas Izquierda Unida y Adelante Andalucía. El coordinador federal de IU y portavoz de la coalición Por Andalucía, Antonio Maíllo, ha restado importancia a esta decisión, y reiterado que su formación exigió -y lo sigue haciendo- “responsabilidades políticas” al Gobierno de Moreno por unos fallos que afectaron a más de 2.000 mujeres con diagnósticos tardíos de cáncer, según cálculos de la Junta.
El pasado mes de marzo, la Fiscalía ya anunció el cierre de las investigaciones abiertas por la crisis de los cribados en Granada, Jaén, Sevilla, Almería y Málaga (nueve en total) a raíz de sendas denuncias.
En febrero, la Fiscalía Superior de Andalucía había desestimado también tres denuncias relacionadas con posibles fallos en el sistema andaluz de cribados de cáncer de mama contra cargos públicos aforados al no apreciar indicios de delito y remitió las causas a las fiscalías provinciales para investigarlas de manera individual.
En diciembre, la Fiscalía de Sevilla confirmó por su parte que había acordado el archivo de la investigación sobre la supuesta desaparición de pruebas médicas en el Servicio Andaluz de Salud al corroborar la integridad de los datos. Esta denuncia fue interpuesta por la Asociación de Mujeres Víctimas de Cáncer de Sevilla (Amama), que destapó el escándalo.
La Fiscalía del TSJA llegó a reclamar en un escrito a la Consejería de Sanidad un informe sobre los “errores” que reconoció la propia Junta, y que se cobraron la dimisión de la exconsejera de Salud, Rocío Hernández. El fiscal pedía a la Junta que informase con detalle de las “medidas adoptadas para la reparación del daño de las víctimas” y para la prevención de hechos futuros similares.
Tras estallar el escándalo, el Ejecutivo de Moreno precipitó el cese de la consejera y todo su equipo y anunció un cambio en el protocolo de detección precoz del cáncer de mama, un sobregasto sanitario de 100 millones y ha ofrecido distintas cifras de aumento de plantilla de sanitarios -119 contratos la primera semana; 700 la segunda y 4.300 la tercera- aunque ha admitido que no hay bolsa para fichar más radiólogos, el servicio más deficitario en esta crisis de cribados.
Las denuncias que ahora se archivan, registradas por IU y Adelante, culpabilizaban de la crisis directamente a cargos políticos aforados, como la ya dimitida consejera de Salud, su predecesora en el cargo y luego responsable de Medio Ambiente, Catalina García, la exviceconsejera de Salud, María Luisa del Moral, y la ex gerente del Servicio Andaluz de Salud (SAS), Valle García, que también fue imputada en otra causa judicial por un supuesto delito de prevaricación en los contratos de emergencia con clínicas privadas entre 2020 y 2024.
La denuncia del grupo Adelante Andalucía fue la más dura de todas, ya que imputaba delitos de “homicidio imprudente” a los responsables públicos que gestionaban la sanidad pública cuando estalla la crisis de los cribados o que lo siguen haciendo. El partido de Teresa Rodríguez acusó a miembros del Gobierno de Moreno de delitos de lesiones por imprudencia grave y dejación de funciones del servicio público, omisión del deber de prestar serivicos sanitarios.