25/06/2026 a las 19:58h.

Giro definitivo en el caso de las contrataciones de la mercantil Eventos El Espino, S.L. La Autoridad Independiente en materia de Corrupción de Castilla y León (AICCyL) y la Fiscalía Provincial de Burgos han acordado el archivo de las actuaciones abiertas en relación con las adjudicaciones realizadas por esta sociedad , en la que participaba el presidente de la Diputación de Burgos y concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento, Borja Suárez. Ambas resoluciones descartan la existencia de responsabilidades penales en los hechos denunciados de forma anónima meses atrás.

La AICCyL ha dictado el archivo de la comunicación anónima que recibió el pasado 16 de abril de 2026. El órgano autonómico ha determinado, dentro del ámbito de sus competencias, que el Ayuntamiento de Burgos reaccionó de forma institucional adecuada ante los hechos puestos de manifiesto, adoptando las correspondientes medidas de control y seguimiento.

Al no concurrir elementos adicionales que justifiquen mantener abierta la fase de investigación, el organismo da por cerrado el asunto en su competencia. El expediente detalla que los hechos ya han sido analizados por la Secretaría municipal, elevados al Pleno, objeto de medidas preventivas y que se encuentran pendientes de actuaciones revisoras en sede municipal. Por ello, concluye que la reacción administrativa del Ayuntamiento ha sido eficiente, siendo la propia administración local la competente para continuar con la implantación de las medidas preventivas y los procedimientos de revisión de los contratos celebrados.

Por su parte, la Fiscalía Provincial de Burgos ha decretado el archivo de las Diligencias de Investigación Preprocesal 30/2026. Esta investigación penal se había incoado a raíz de una denuncia anónima remitida el 1 de abril de 2026 por la presunta comisión de delitos de prevaricación administrativa, negociaciones prohibidas a funcionarios públicos y tráfico de influencias.

A través de un decreto emitido el 24 de junio de 2026, el Ministerio Fiscal ha concluido que los hechos analizados «no revisten carácter penal». Tras un examen pormenorizado de los tipos penales y de la amplia documentación analizada en las diligencias practicadas, la Fiscalía ha determinado de manera firme que no se aprecia que los hechos denunciados sean constitutivos de delito.

Tras conocer ambas resoluciones, Borja Suárez ha reiterado su respeto a las instituciones y su confianza en el funcionamiento de los mecanismos de control y garantía del Estado de Derecho. «Siempre he mantenido una actitud de plena colaboración con cuantas actuaciones se han considerado oportunas, facilitando la información requerida y actuando con absoluto respeto a las decisiones de los órganos competentes», ha manifestado.

Suárez ha subrayado que las decisiones notificadas cierran de forma definitiva las actuaciones sin que se haya apreciado ningún tipo de reproche penal en relación con las adjudicaciones investigadas. Asimismo, ha querido recordar ante la opinión pública una serie de puntos clave sobre su posición en el caso:

Aviso previo: Fue él mismo quien puso de manifiesto al Ayuntamiento la situación en el momento en que tuvo conocimiento de que se habían producido esas contrataciones. Lo hizo de manera previa y con total independencia de su posterior publicación o trascendencia pública.

Transparencia patrimonial: Su condición de accionista de la mercantil constaba desde el primer momento en la declaración de bienes oficial presentada ante la institución.

Sin vinculación ejecutiva: No formó parte en ningún momento de los diferentes órganos municipales con los que se celebraron los contratos bajo sospecha.

Venta de acciones: Con fecha de 13 de abril, dejó de ser formalmente accionista de la referida sociedad.

El concejal y presidente provincial ha concluido asegurando que su único interés en este momento es que el Ayuntamiento tramite y termine lo que proceda en los procedimientos de revisión de oficio, así como que se implante el protocolo preventivo para garantizar tanto el correcto funcionamiento de la Administración como los derechos de los corporativos. Por último, ha agradecido el trabajo de los servicios municipales, de los órganos de control y de la Administración de Justicia, reiterando su voluntad de seguir actuando con la máxima transparencia y pleno sometimiento a la legalidad con el objetivo de preservar la confianza de los burgaleses.