23/07/2026 a las 12:37h.

La plataforma de madres, padres y alumnado de la Escuela Municipal de Música de Burgos duda de que el incremento del canon sirva para atraer a empresas interesadas en asumir el servicio. La entidad denuncia que este giro de guion contradice de lleno lo afirmado categóricamente por el equipo de Gobierno en reuniones anteriores, cuando aseguraba que la Ley de Contratos del Sector Público impedía tajantemente modificar las condiciones económicas sin publicar una nueva licitación.

Ante esta situación, la plataforma exige al Consistorio una «solución de emergencia real» que garantice la continuidad de las clases y ponga fin a lo que consideran «una cadena de maniobras y excusas» para eludir responsabilidades a escasas semanas del inicio de las aulas.

Esta manifestación pública se produce tras conocerse que el Ayuntamiento prevé recurrir a un procedimiento negociado con un aumento en la asignación económica. Según traslada uno de los portavoces del colectivo, fuentes del Ayuntamiento les habrían argumentado que, ante la falta de licitadores por la escasa cuantía inicial —un problema del que las familias llevaban meses advirtiendo—, la administración habría hallado una vía legal para incrementar esa partida.

Para justificar este ajuste fuera del pliego ordinario, el Ayuntamiento de Burgos estaría atribuyendo al anterior gestor del servicio una supuesta falta de entrega de documentación en materia laboral.

«Cuando advertimos de que el canon era insuficiente, el Ayuntamiento sostuvo que legalmente no se podía hacer nada más. Tememos que este nuevo anuncio sea una mentira más que no resuelve el problema de fondo», denuncian desde la plataforma.

Los representantes de los usuarios recuerdan que fueron los propios alumnos y familias quienes detectaron de forma temprana errores laborales en el pliego que comprometían la viabilidad de la concesión. Estos fallos fueron negados de manera sistemática por el Gobierno municipal y actualmente están a la espera de una resolución por parte del Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales de Castilla y León (TARCYL).

Frente a la versión municipal que apunta a que esta maniobra permitirá adjudicar el contrato a lo largo del mes de agosto a alguna de las firmas interesadas, la comunidad educativa expresa su total desconfianza. Además, las familias critican con dureza la «falta de transparencia y respuesta oficial» por parte de los concejales responsables, señalando que la información les llega de manera indirecta únicamente tras consultar al personal técnico.

Paralelamente, la Junta de Gobierno de este jueves, 23 de julio, ha aprobado la devolución de la garantía definitiva de 4.840 euros a su gestor, Pablo Abad, tras la conclusión del curso escolar.

Además, la Gerencia de Cultura ultima la propuesta de responsabilidad patrimonial para compensar a la empresa por las pérdidas derivadas de la prestación obligada del servicio al tiempo que se ha librado también el pago de junio.