La situación creada por la penetración ilegal en Ceuta, en apenas veinticuatro horas, de decenas de miles de personas procedentes de Marruecos, muchas de ellas varones en bañador y chanclas, no puede ni debe tratarse como el efecto llamada de una sentencia pronunciada hace unas semanas por la Sala 5ª del Tribunal Supremo que rechaza la “devolución en caliente”, esto es, inmediata, de quienes alcancen territorio español a nado y no forzando los medios de contención (la valla) que existen en la frontera terrestre. Esa sentencia, ciertamente, me parece disparatada, al girar en torno a una interpretación literal de la disposición adicional 10ª de la vigente Ley de Extranjería, ignorando su objeto y fin dentro del propio contexto, como exigen las reglas de la más sana hermenéutica. El anunciado despliegue de boyas en el espigón del Tarajal tal vez calme el desasosiego garantista de los jueces sin necesidad de modificar la mencionada disposición, siempre recomendable.

Pero la inclinación del (presidente del) gobierno y medios afines a desviar hacia los jueces la responsabilidad última de los hechos sobrevenidos, agitados por mafias ilustradas en derecho ajenas por supuesto a las impolutas autoridades marroquíes, no sólo persigue evadir la responsabilidad del ejecutivo, sino echar una nueva palada de detritus mediático sobre el Poder Judicial. Cabe sugerir que el proceso en marcha de regularización masiva de hasta un millón de inmigrantes ilegales en la península ha podido producir un efecto llamada muy superior al de la desafortunada sentencia de una de las salas (de lo contencioso-administrativo) del Tribunal Supremo y, como efecto colateral, provocar las propuestas de suspender nuestra participación en la Europa sin fronteras o espacio Schengen.

No estamos, en todo caso, ante un incidente de migración ilegal, manejable con la bonhomía de las ONG y nuestras beneméritas almas de cántaro, sino ante una cuestión de orden público y seguridad nacional que exige el inmediato desalojo del territorio bajo nuestra soberanía, preferiblemente con la cooperación de las autoridades del país vecino, que no cumplió previamente con su obligación de impedir, si no es que alentó, la invasión. Esa cooperación no podía faltar una vez logrado el objetivo perseguido: demostrar nuestra vulnerabilidad.

Una vez que se ha tomado nuestra soberanía como el pito del sereno, puede que un día los que entran lleguen para quedarse en una especie de marcha verde ajustada a un entorno urbano. ¿Será entonces cuando nos preocuparemos de los derechos humanos de la ceutíes (y melillenses) o, simplemente, procederemos a organizar su evacuación para repoblar la España peninsular vaciada? En Vélez de la Gomera o Alhucemas, donde no hay población civil, ni siquiera eso sería preciso. Y no me extrañaría que se intente ahí una prueba piloto.

Uno, como ciudadano, puede sentir vergüenza de quienes manejan nuestros negocios con tal ineptitud, lo que es obvio, sin entrar en otra clase de especulaciones. Esa ineptitud inquieta aún más de cara al futuro. El hecho de que Marruecos confine con Ceuta, Melilla y los llamados presidios menores españoles en el norte de África, no le otorga por sí mismo un título de adquisición de dominio. La contigüidad territorial no lo es. La presencia soberana de España en esas plazas antecede con mucho a la misma creación del Reino magrebí que, si acaso, podría discutir sus límites, pero no su esencia nuclear.

Hay antecedentes, sin embargo, que, al alimentar la ambigüedad y la incertidumbre, provocan perplejidad, inquietud., incluso miedo. Cuando se estaba perfilando la vigente Constitución un Libro Blanco para la Reforma Democrática encargado por un partido de derecha, que hubo de distanciarse de él a la carrera, planteó la posibilidad de negociar con Marruecos el traspaso de soberanía de las plazas. Nuestra Constitución no sólo hace factibles los tratados que afecten a la “integridad territorial” previa autorización de las Cortes, sino que no hay en la Ley Fundamental precepto alguno que defina qué es el territorio español lo que, en lugares sometidos a reclamaciones extranjeras, por infundadas que sean, permite a gobiernos débiles y sometidos a presión, jugar con las calificaciones y transformar lo que se consideraba parte esencial de nuestro cuerpo territorial en mero patrimonio: Ceuta y Melilla serían de España, pero no serían España y, por tanto negociables, como ya lo fueron hace doscientos años por gobiernos en situación de emergencia. Las Fuerzas Armadas serían relevadas de sus obligaciones constitucionales mediante un juego de calificaciones, como se les eximió en el Sahara en uno de los acuerdos más ruines del gobierno de turno suscrito en medio de un eclipse político tan completo como el solar que atravesará media España el 12 de agosto.

Hay que cuidar, además, el lenguaje. No se puede decir ligeramente que Ceuta y Melilla son “establecimientos españoles en la costa septentrional de Marruecos”, como pudo leerse en algún prestigioso manual de geografía, o ¡nuevamente el Tribunal Supremo (pero en 1932)! definirlos como territorios marroquíes denominados por la Constitución (de 1931) de soberanía española. Marruecos es una entidad geográfica, pero también política y definir en estos términos las plazas norteafricanas no es de buen agüero. Más aún si se traen a colación las palabras de Joaquín Costa que, en un mitin celebrado en el teatro madrileño de la Alhambra en 1884, afirmó, con febril entusiasmo, que España debía ambicionar la regeneración de Marruecos al punto de que éste llegase a inscribir en su ideario programático la reivindicación de Ceuta. Marruecos no parece muy regenerado, pero el Sultán acogió con gusto su sugerencia. Sus súbditos no tienen la menor duda sobre la marroquinidad de nuestras plazas y el cambio demográfico en ellas siembra su esperanza. Como dijo otrora un representante ceutí en Cortes, la historia nos da muchos ejemplos de ciudades que fueron defendidas a ultranza y luego abandonadas. Lo que hoy es español puede dejar de serlo mañana.

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