El incendio declarado en la Vall d'Uixó desde primera hora del pasado sábado 25 ya ha arrasado con más de 7.500 hectáreas de masa forestal y avanza por la Sierra de Espadán. Según la información conocida hasta el momento, todo apunta a que el inicio de las llamas no fueron una mera casualidad ni se deben a causas natuales, tal como ha recalcado la delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana. Varias fuentes municipales aseguran que el fuego comenzó en diferentes puntos de la masa forestal de forma casi simultánea, un posible indicio que levanta sospechas sobre la intencionalidad del fuego, pese a que todavía no hay nada confirmado por las autoridades. En caso de ser así, el autor podría enfrentarse a diferentes tipos de pena que podrían superar los 30 años de prisión en caso de que el juez así lo considere. Sin embargo, se tendrían que aplicar los criterios correspondientes que varían según la intencionalidad, la gravedad de las consecuencias y el lugar donde se originó el incendio.

Más de 16.000 vecinos ya han sido desalojados de sus casas y 64.000 han sido obligados a confinarse. El humo ya ha llegado hasta localidades vecinas como Betxí, Almedíjar y Azuébar, cuyos vecinos tuvieron que salir de sus localidades ante la evolución de las llamas, u Onda, donde se ha solicitado a través de un mensaje telefónico el confinamiento de la población como método preventivo ante la posible intoxicación del humo.

Las penas por provocar un incendio forestal están recogidas en el artículo 352 del Código Penal Español. Estas pueden variar entre uno y cinco años de prisión para la persona física que provoque la quema de montes o masas forestales, una cantidad de años a las que se suma a una multa de entre 12 y 18 meses. La pena podría llegar a aumentar considerablemente en el caso de que se pongan en peligro vidas humanas y el siniestro haya sido intencionado y no fruto de una imprudencia.

En el caso de que hayan vidas humanas en riesgo, se aplicaría también la pena más alta en lo que a incendios se refiere. El artículo 351 del Código Penal recopila que una calcinación que comporte peligro para la vida o la integridad física de las personas podría enfrentar a una pena de entre 10 y 20 años de prisión, una cantidad de años que podría variar con dependiendo de lo grave que resulte ser el siniestro provocado y si hay algún tipo de circunstancia que justifique la catástrofe. Además, en el caso de tratarse de una quema de masa forestal la multa aumentaría de 12 a 24 meses.

Incendio de La Vall d'Uixó / Toni Losas / MED

La ley endurece su respuesta todavía más cuando se trata de una carbonización que pueda llegar a considerarse de "especial gravedad". El artículo 353 prevé un aumento de la pena de cárcel de entre tres y seis años en los casos en los que las llamas afecten a una importancia superficie, puedan causar erosión, dañen de forma grave o permanente la fauna y flora de los alrededores de la masa forestal, alcance espacios protegidos o núcleos habitados o tenga lugar en condiciones meteorológicas adversas para lo extinción. La misma condena se podrá aplicar a los casos en los que el incendio sea provocaso con la intención de obtener algún tipo de beneficio económico. En el caso de que el fuego no hubiera llegado a extenderse, el autor se debería enfrentar a una multa que oscila entre los seis y los doce meses.

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