"La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria". La expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas un escrito para denunciar una situación judicial que la deja al margen del juego político. "Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas", dijo. "Estamos frente a una manifestación del profundo machismo que aún sobrevive en instituciones que deberían garantizar igualdad, imparcialidad y respeto por la dignidad humana".

Cuando se ha cumplido más de un año del inicio de su arresto domiciliario, Fernández de Kirchner no solo rechazó los fundamentos de una condena relacionada con negocios en la obra pública durante sus Gobiernos (2007-2015). "La proscripción de un dirigente político nunca termina afectando solamente a ese dirigente. En realidad, constituye una violación de los derechos políticos de cada argentino y de cada argentina". Por eso, "cuando se manipulan los tribunales para excluir adversarios políticos, se le arrebata al pueblo el derecho de decidir su propio destino".

La ex gobernante quiere que el Comité de Derechos Humanos de la ONU analice la actuación "de quienes me juzgaron, a fin de verificar si fueron respetadas las garantías previstas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, tratado libremente ratificado por la Argentina". Para llevar adelante esta nueva etapa de su defensa, Fernández de Kirchner ha convocado "a dos abogados extranjeros de reconocido prestigio internacional, con una trayectoria independiente y ampliamente respetada en la protección de los derechos humanos: el español Javier Borrego y el brasileño Rafael Valim".

La reaparición de Fernández de Kirchner tiene lugar en un momento especial de la escena política de este país. El ultraderechista Javier Milei cae en las encuestas por la crisis económica y la falta e horizonte que han comenzado a vislumbrar parte de quienes lo votaron en 2023. Sin embargo, su reelección en 2027 no peligra por completo. El peronismo, la principal fuerza opositora, se encuentra sumida en una discusión interna interminable que tiene de un lado a los kirchneristas y, por el otro, aquellos que aspiran a una renovación. Esa pelea favorece a un MIlei sin adversarios a la vista. En este contexto se conoce el mensaje de Fernández de Kirchner. "Durante años se ha pretendido juzgarme no solo por mis actos, sino fundamentalmente por mi condición de mujer, por haber ejercido el liderazgo político con firmeza y por no haber aceptado jamás los privilegios de quienes siempre creyeron que el poder les pertenecía exclusivamente a ellos".

La expresidenta aseguró que no busca "privilegios ni excepciones" sino "un juicio imparcial, independiente y compatible con las garantías internacionales asumidas por el propio Estado argentino". La carta fue publicada en las redes sociales y a modo de columna en varios diarios de América Latina y Europa. "Ser la única mujer electa y reelecta Presidenta de la República Argentina y, al mismo tiempo, con los desastres que se han hecho a lo largo de la historia en nuestro país… ¿ser la única ex presidenta condenada por el Tribunal Supremo? ¿En serio alguien puede pensar que eso es una casualidad? ", se preguntó. A su criterio no se trata de una "injusticia individual" sino de un acto de persecución "con un nivel de violencia, de estigmatización y de arbitrariedad que excede cualquier límite razonable, llegando al extremo de funcionar como un incentivo para que atenten contra mi propia vida, como sucedió el 1 de septiembre del año 2022".

Con su carta pública, Fernández de Kirchner espera sacudir al propio peronismo pero también advertir sobre la continuidad de lo que califica de persecución judicial a partir de otra causa que la tienen entre sus principales acusadas, y que se relaciona también con el tema de la obra pública.

Suscríbete para seguir leyendo