Los socios de Gobierno, PSOE y Sumar, han acordado este pasado martes incluir en el nuevo decreto de vivienda que se aprobará el próximo 28 de julio una prórroga extraordinaria de dos años para los contratos de alquiler que venzan antes del 30 de junio de 2028.

Se trata de una "prórroga reforzada" que deberán solicitar los inquilinos y que beneficiará a casi cuatro millones de personas. Se incluirá en el real decreto que regulará el alquiler de temporada y por habitaciones para evitar el "uso fraudulento" de ese tipo de contratos, cuando se usan para evitar la aplicación de la ley de arrendamientos urbanos (LAU), que ofrece mayores garantías a los inquilinos.

No obstante, según han confirmado fuentes de Sumar, ahora es turno de que el texto pase a negociarse con los grupos para lograr la convalidación en el Congreso.

Además de la prórroga de hasta dos años (desde el 21 de marzo del 2026 hasta el 30 de junio del 2028), el texto incluye otras medidas ya anunciadas como la regulación del alquiler de temporada y habitaciones para acabar con su uso fraudulento, un aumento de la tributación de los pisos turísticos hasta el 21 % del IVA y un endurecimiento del régimen sancionador sobre su publicidad en plataformas, con el fin de desincentivar el alquiler turístico.

Además, el decreto incluye una propuesta a negociar con los grupos parlamentarios sobre medidas para proteger a las familias en situación de vulnerabilidad, con el objetivo de evitar los desahucios y de que ninguna quede sin alternativa habitacional. En este caso, se trata de una exigencia de Podemos para dar su apoyo al decreto, pero a la que se opone Junts, que ya tumbó en abril la anterior prórroga.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana señalan que el texto también incluirá otras "propuestas apoyadas por las distintas fuerzas políticas a lo largo de la legislatura, con el objetivo de que todos los grupos se sientan representados".

En esta categoría podrían entrar, por ejemplo, las bonificaciones fiscales en el IRPF para los propietarios que no suban el alquiler o la deducción sobre la cuota hipotecaria en la Renta que decayó en 2013.

Tras el acuerdo dentro del Gobierno, el Ministerio de Vivienda tiene ahora que negociar con los grupos parlamentarios, con el fin de asegurarse su apoyo para la convalidación del decreto en el Congreso. Para ello, serán necesarios los votos de Junts, que ya impidió el pasado abril la convalidación de la anterior prórroga.

Desde Sumar aseguran que este decreto "permitirá dar solución de manera integral al problema de acceso a la vivienda", actualmente la principal preocupación de la ciudadanía española.