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El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso considera que 60 efectivos mantienen una estrategia de “chantaje”
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La Comunidad estudiará “todas las vías jurídicas y administrativas” contra el ”1%” del personal laboral del Plan de Protección Civil contra incendios forestales (Infoma) “en huelga”, ha anunciado el Gobierno regional en un comunicado.
El Ejecutivo que preside Isabel Díaz Ayuso considera “inadmisible que, en plena emergencia de interés nacional, un reducido grupo de personal laboral del Infoma -60 bomberos forestales de un colectivo de 2.100 que trabajan en la región- mantenga una estrategia de chantaje que pretende condicionar la organización operativa y trasladar una imagen distorsionada del funcionamiento ejemplar de los servicios de emergencia”.
El Gobierno autonómico se refiere a las reclamaciones que han venido haciendo un grupo de bomberos forestales y que plasmaban en un comunicado, donde afirmaban que se encontraban “sin vehículos” en la Dirección General de Emergencias para acudir al lugar de prestación del servicio.
Ese grupo de bomberos forestales comunicó a través de redes sociales que irían “por su cuenta” a los siniestros “ante la necesidad de protección de la ciudadanía” y “tras la falta de órdenes y medios de estos días” por parte de la dirección general.
La Comunidad de Madrid alerta que un gran incendio forestal “no puede convertirse en una herramienta de presión”La Comunidad ha contestado aseverando que la gestión de un gran incendio forestal “no puede convertirse en una herramienta de presión laboral ni de desgaste político. En emergencias de esta magnitud no caben improvisaciones ni actuaciones al margen de la coordinación oficial: los recursos deben movilizarse desde los parques y retenes asignados, con disciplina de mando, seguridad operativa y plena garantía para quienes intervienen sobre el terreno”.
Este personal, continúa la Comunidad, “conoce sus destinos y los procedimientos establecidos para esta campaña, el mismo sistema desde hace más de 25 años. Sin embargo, no están en sus bases operativas, tal y como firmaron voluntariamente en sus contratos y el acta de adjudicación de destinos para esta campaña 2026, y permanecen en la Dirección General de Emergencias, en Las Rozas, desatendiendo que la activación de los recursos se realiza desde los parques y retenes donde deben prestar servicio”.
“Presentar esa situación como falta de medios o como una negativa de la Administración a movilizarlos supone alterar la realidad y generar alarma social en un momento especialmente delicado”, ha agregado el Ejecutivo de Ayuso.
La Comunidad de Madrid ha mantenido “numerosas conversaciones y negociaciones con este colectivo, que representa menos del 1% de un dispositivo global integrado por más de 6.000 profesionales y voluntarios”.
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha criticado la decisión de la Comunidad de Madrid de estudiar “todas las vías administrativas y jurídicas” contra “la actuación” de un grupo de bomberos “que han podido comprometer la actuación de los dispositivos” para combatir los incendios activos en la región. “Son implacables. Acabarán persiguiéndote a los propios bomberos”, ha afirmado Puente en un mensaje publicado a través de 'X', en el que ha asegurado que “hay motivos para tener mucho miedo a este gente”, en referencia al Ejecutivo regional liderado por Isabel Díaz Ayuso. Estas palabras se producen después de un cruce de declaraciones entre el ministro y la presidenta autonómica, en el que Puente ha cargado contra el PP por reclamar la ayuda de la UME para los incendios mientras recortan impuestos, y Ayuso ha respondido tildando de “buena” la coordinación con el Gobierno central frente a “mamarrachos”.
De hecho, “se han planteado mejoras económicas y propuestas dentro del marco legal y organizativo aplicable. No puede aceptarse que, mientras cientos de profesionales trabajan en el frente del fuego y miles de vecinos permanecen evacuados, se utilice una emergencia de interés nacional para incrementar la presión sobre la Administración, a través de falsedades y mensajes distorsionados”.
El Gobierno regional, por lo tanto, “estudiará todas las vías administrativas y jurídicas que resulten procedentes para depurar responsabilidades sobre conductas que hayan podido comprometer el servicio público, dificultar la actuación de los dispositivos de emergencia o poner en riesgo la seguridad de las personas y del patrimonio natural”.
También han expresado su “reconocimiento y respaldo absoluto a todos los profesionales que, en estos momentos de extrema gravedad, trabajan sin descanso para proteger la vida de los ciudadanos, los municipios afectados, los espacios naturales y los bienes de todos amenazados por los incendios forestales”.