El Gobierno intenta poner fin a la saturación de las redes eléctricas permitiendo inversiones masivas que hasta ahora estaban limitadas por ley. El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica, ha aprobado este martes un real decreto que regula los planes de inversión de las redes de transporte y distribución de electricidad. Una norma que dinamita los topes legales hasta ahora vigentes y que permitirá a las grandes eléctricas y a Red Eléctrica a invertir más de 35.000 millones hasta 2030, dando vía libre a que puedan ejecutar 17.900 millones en ejecuciones adicionales.

El departamento comandado por Sara Aagesen pretende combatir el colapso de las redes eléctricas, que está limitando la posibilidad de conexión de cientos de proyectos industriales, tecnológicos o de nueva vivienda y que es un obstáculo para impulsar la electrificación de la economía. La nueva norma permite una inversión adicional de 17.900 millones de euros en estas infraestructuras hasta el final de la década, y a la vez acota su destino y establece los requisitos para los procedimientos para la elaboración, tramitación y justificación de los planes de inversión de las empresas distribuidora. Considerando también las inversiones permanentes, que siguen limitadas a la evolución del PIB de cada, el desembolso total en las redes eléctricas podrá superar los 35.000 millones hasta el final de la década.

España afronta un problema de saturación de sus redes eléctricas. Los datos desvelados por Red Eléctrica de España (gestor de la red de transporte de alta tensión) y por las grandes energéticas (responsables de las redes de distribución, las que llegan hasta la puerta de las viviendas de los clientes) confirman la falta de capacidad en gran parte de sus infraestructuras y la dificultad para atender el aluvión de peticiones de la industria y de grandes tecnológicas para conectarse.

La inversión anual en las redes eléctricas con cargo al propio sistema eléctrico (esto es, retribuida a las compañías con cargo al recibo de la luz) está limitada al 0,065% del PIB en el caso del transporte y al 0,13% del PIB en el caso de la distribución. “Estos límites se han mostrado insuficientes a la hora de atender las necesidades de la transición energética y el gran volumen de peticiones de acceso para nuevas demandas”, reconoce el Gobierno, que ahora se lanza a incrementar el volumen de inversión en las redes hasta 2030.

El plan del Ejecutivo pasa por seguir una senda creciente año tras año, para facilitar la ejecución de los proyectos. En las redes de distribución se podrán invertir hasta 10.200 millones adicionales frente a lo que permitían los topes legales: 1.020 millones en 2027, 2.550 millones en 2028, 3.060 millones en 2029 y 3.570 millones en 2030. En las redes de transporte de REE se podrán invertir hasta 7.700 millones extra, aunque este importe está a expensas de de la Planificación Eléctrica que finalmente apruebe el Gobierno: 700 millones en 2027, 1.850 millones en 2028, 2.300 millones en 2029 y 2.850 millones en 2030.

Las mayores inversiones, incluso siendo retribuidas por el sistema eléctrico, paradójicamente está previsto que supongan una rebaja del recibo de la luz. Al efecto tractor de estas inversiones sobre el conjunto de la economía –algunos estudios calculan que cada millón de euros dedicado a las redes tiene un efecto multiplicador de 1,27 millones sobre el Valor Añadido Bruto y un efecto multiplicador de 20 en la creación de empleo–, la conexión de nuevos usuarios permitirá repartir entre una mayor base los costes totales de las redes, rebajando con ello los peajes repercutidos en las facturas finales de los consumidores, argumenta el Gobierno.

En el caso de la red de alta tensión en manos de Red Eléctrica, el destino de las inversiones incrementales anuales estará identificado en la citada Planificación Eléctrica que está tramitando el Gobierno, pero en el caso de las inversiones en distribución (un negocio que fundamentalmente controlan Iberdrola, Endesa, Naturgy y EDP), las cantidades adicionales quedan acotadas a ampliación y mejora de las redes que permita determinados objetivos.

Y es que a las grandes eléctricas se permitirá las inversiones extra forzando que estén destinadas a facilitar nuevas demandas de consumo industriales, residenciales y de descarbonización del transporte; hasta un 20% en control de tensión, telemando y telecontrol, observabilidad y ciberseguridad; hasta un 20% en inversiones anticipatorias, entendidas como aquellas donde la demanda no está asegurada en los cinco años siguientes, que permitirán la conexión en zonas sin redes o con redes saturadas; hasta un 10% en adaptación de las líneas a la normativa de protección de la avifauna; y hasta otro 10% en resiliencia climática y afrontar fenómenos naturales adversos. Además, el decreto también favorece que los gestores de las redes, en lugar de desarrollar una nueva línea, adquieran líneas privadas existentes –por ejemplo, de evacuación de generación– y la incorporen al sistema.

La norma establece cómo deben elaborarse, tramitarse y justificarse los planes de inversión en las redes eléctricas, al objeto de incrementar la transparencia y el control del proceso de inversión en las infraestructuras y de reducir la incertidumbre sobre su ejecución. En el caso del transporte, a grandes rasgos se mantiene el vigente sistema de Planificación, pero hay cambios relevantes en el caso de la distribución. Las compañías distribuidoras tendrán que someter sus planes de inversión a consulta previa; los agentes y administraciones podrán remitir sus propuestas y los planes, que serán públicos y accesibles por Internet, deberán indicar cómo se han considerado estas aportaciones. Además, las empresas deberán emitir informes de cumplimiento a año vencido.

El Gobierno, en paralelo, también lanza un refuerzo urgente de la red eléctrica, el tercero en apenas dos años. Transición Ecológica atiende la petición realizada por Red Eléctrica de España (REE) y pone en marcha el proceso para ejecutar una nueva modificación del actual plan de desarrollo del mallado de alta tensión para robustecer su funcionamiento. Una modificación que incluye actuaciones destinadas aumentar la resiliencia del sistema eléctrico y reducir los costes para los consumidores, y que contempla unas inversiones de 615 millones de euros, pero que permitirán aportar un ahorro de unos 450 millones anuales.

Unos cambios que tienen como objetivo darle más estabilidad a la red sin tener que usar de manera intensiva las centrales de gas (que conlleva una subida del precio de la electricidad y que ahora se ha intensificado por la ‘operación reforzada’ para evitar otro apagón) y también poder gestionar mejor el envío cada vez mayor de electricidad del sur al norte de España por el ‘boom’ de plantas solares solo en algunas regiones del país.

La modificación recoge 51 actuaciones, entre las que destacan la incorporación de cuatro compensadores electrónicos, de 20 reactancias y de ocho reactancias de núcleo controlado magnéticamente (denominadas MCSR en inglés, que permiten un control de tensión más preciso), así como la renovación total de cuatro reactancias. Tras esta tercera modificación, la inversión total correspondiente a la Planificación con horizonte 2026 asciende a 8.818 millones.

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